La Audiencia Provincial de Alicante confirma el archivo de la causa Rabasa

Alicante

La Audiencia Provincial de Alicante confirma el archivo de la causa Rabasa que investigaba el presunto amaño por parte del Ayuntamiento de Alicante en beneficio del constructor Enrique Ortiz en la zona de Rabasa.

Una causa en la que estaban investigados el propio empresario, la exalcaldesa Sonia Castedo y técnicos del área del Urbanismo, entre otros. En esta zona de Alicante se preveía la construcción de más de 13.000 viviendas y en ella, posteriormente, se inicio la tramitación para la instalación en los terrenos de la multinacional Ikea junto a un macrocentro comercial.

Ahora el tribunal ratifica la decisión del juez de instrucción César Martínez del pasado mes de mayo, al no apreciar indicios de delito.

Entre otros argumentos para su archivo, los magistrados de la sección tercera señalan que la posible relación de amistad entre Castedo y Ortiz es una "idea preconcebida" del ministerio público y no aparece suficientemente evidenciada en las conversaciones telefónicas.

Del mismo modo, la reasignación de técnicos es una "conducta que desgraciadamente se produce con habitualidad en los órganos de gobierno de los ayuntamientos", al igual que la convocatoria urgente de juntas de gobierno para tratar cualquier asunto.

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En cuanto al delito de prevaricación, considera la sala que la rúbrica de un convenio entre la corporación local, una de las firmas empresariales de Ortiz e Ikea en 2009 no generó, en principio, un "perjuicio directo" para las arcas públicas.

Además la resolución recuerda que el Plan Rabasa fue anulado por la Justicia, por lo que se desconoce si Ortiz hubiera logrado un aumento de sus beneficios en la venta de suelo a la multinacional, de forma que se trata de un "delito imposible, al no existir objeto material en el que proyectarse la presunta acción delictiva".

El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruíz, en declaraciones a Radio Alicante, se ha mostrado satisfecho con la decisisión de la Audiencia Provincial igual, dice, "que se manifestó con la decisión del juez instructor". Añade: "Respeto siempre la decisión de los jueces cuando otorgan la razón a mi cliente, y también cuando se la quitan".

En esta investigación, que constituye una pieza derivada de la Operación "Bugal", declararon como investigados (antes imputados) Castedo, Ortiz y varios técnicos municipales de Urbanismo por supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.