El caso ático de Estepona se va a la Audiencia Nacional

Málaga

Considera el juzgado de Estepona que los hechos del caso Lezo que se investigan en la Audiencia Nacional en torno a la gestión económica de Ignacio González en el Canal Isabel II entre 2003 y 2012 por el que está investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo y malversación de caudales públicos son conexos al alquiler y posterior compra del ático que González y su mujer, Lourdes Cavero adquirieron en Estepona por 770.000 euros a un sociedad radicada en un paraíso fiscal asunto por el que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su mujer están investigados por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo.

A principios de 2016 el juzgado de instrucción 5 de Estepona reabrió el caso ático en el que se investigan las circunstancias en las que el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y su esposa, primero alquilaron, en 2008 ( por 2.000 euros mensuales) y luego compraron, en 2016 por 770.000 euros un ático en Estepona a una empresa inversora con sede en un paraíso fiscal, Coast Investor, cuya única actividad fue la adquisición de este inmueble a través del intermediario Rudy Valner.

En estos dos años y medio de instrucción la investigación no ha avanzado demasiado teniendo en cuenta el poco éxito que han tenido las comisiones rogatorias internacionales que tenían como objetivo averiguar de quien procedió el dinero de Coast Investor para comprar el ático por el que sólo se interesaron González y su pareja. Un asunto capital para el caso.

Por este asunto Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero declararon como investigados el 18 de abril de 2016 en el juzgado de Estepona. A preguntas de su defensa y la fiscalía el ex presidente de la Comunidad de Madrid negó haber cometido delito alguno, haber negociado el alquiler del inmueble por teléfono con Rudy Valner y haber pagado la compra con la indemnización por despido que había cobrado su pareja.

Estos hechos coinciden en el tiempo con la instrucción que lleva a cabo la Audiencia Nacional en torno a la gestión económica de Ignacio González en el Canal Isabel II entre 2003 y 2012 por el que está investigado por los presuntos delitos de cohecho pasivo y malversación de caudales públicos.

La defensa de González se opone a dicha inhibición, al entender que "el único argumento expresado por el ministerio fiscal para la inhibición es la conexión temporal", insistiendo en que tras seis años de instrucción del caso del ático "ningún indicio criminal resulta de la misma" y no hay datos que la vinculen con la Lezo.