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PATRIMONIO HISTÓRICO

La Audiencia Provincial de Madrid falla de nuevo a favor de los Franco

Acredita que las estatuas son propiedad del consistorio compostelano pero dice que no queda demostrado que sean las mismas piezas que están en posesión de la familia del dictador

Abraham e Isaac son las estatuas reivindicadas por el consistorio compostelano / EFE

Santiago de Compostela

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el ayuntamiento de Santiago con relación a la propiedad de las estatuas de Abraham e Isaac. En esta ocasión la Audiencia cambia el criterio esgrimido por el juzgado de primera instancia que, en el mes de febrero de este mismo año, aseguraba que no había quedado debidamente acreditada la propiedad de las piezas. Sin embargo, en esta ocasión, la sentencia recoge que sí queda demostrado que el consistorio compostelano es el legítimo propietario de las estatuas, pero que no hay certeza absoluta de que sean las mismas piezas que las que están en posesión de la familia Franco.

Todo ello a pesar de que el ayuntamiento de la capital gallega había presentado un informe pericial donde se estipulaba que se trataba de las mismas estatuas y también el documento de la Xunta de Galicia que las declaraba como Bien de Interés Cultural (BIC). Los servicios jurídicos del ayuntamiento compostelano deberán analizar la sentencia y valorar si se cumplen los requisitos para acudir en casación al Tribunal Supremo.

Antecedentes

El anterior gobierno local, liderado por Martiño Noriega, inició en el año 2017 una batalla legal contra la familia del dictador para la recuperación de estas estatuas, que según la documentación del consistorio, fueron adquiridas en 1948 de los herederos del Conde de Ximonde tras el abono de 60.000 pesetas. Abraham e Isaac habrían permanecido en el Pazo de Raxoi hasta 1954, cuando desaparecieron tras una visita de Franco y su esposa con motivo del Año Santo.

La sentencia en primera instancia se dio a conocer el pasado mes de febrero, tras un juicio que se celebró a principios del 2019. El proceso se llegó a retrasar por la dificultad de localizar a los herederos de Carmen Polo, fallecida poco después de serle notificada la demanda del ayuntamiento de Santiago.

 
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