La familia del niño autista que denunció maltrato en un cole de Getafe acusa al juez de vulnerar sus derechos

Madrid

Hubo indefensión y se cercenó el derecho de defensa de los denunciantes: la familia de Eduardo, un niño de diez años diagnosticado con autismo desde que tenía solo dos años. El curso pasado su familia se vio obligada a colocarle un dispositivo de grabación oculto entre la ropa para poder comprobar si estaba sufriendo vejaciones y hostigamiento en su centro, el colegio de educación especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe en el que acababa de escolarizarse tras pasar por otros centros con absoluta normalidad. Pasó apenas dos meses en estas aulas y acabó hospitalizado con un cuadro de ansiedad grave por el que tuvo que ser medicado. Su familia escuchó las grabaciones y comprobó como las profesoras y el personal que atendía a Eduardo le amenazaban con pincharle en el culo si se portaba mal, se burlaban de él y de su trastorno, le inmovilizaban y lo castigaban solo en el pasillo.

La madre de Eduardo ha estado en la tarde del lunes en La Ventana de Madrid, donde ha cargado contra la Comunidad porque, dice, les abandonó y "lo único que ha hecho ha sido tapar y después amenazar". Montse, madre de Eduardo, se ha mostrado sorprendida de que el centro nunca llegara a identificar a los monitores que maltrataron a su hijo, tal y como se escucha en la grabación reproducida en la SER.

La familia fue a los tribunales y la justicia investigó a dos profesoras y una auxiliar del colegio. Casi un año después, a finales del pasado mes de diciembre, la causa se archivó de manera provisional. El magistrado no apreció indicios de delito en la conducta de las investigadas y básicamente motivó su decisión en que el menor no había visto empeorado su trastorno autista a causa de los hechos ocurridos en el colegio. Como perito principal de la causa citó a un doctor que había tratado al menor antes de la denuncia pero nunca después. Es lo primero que se pregunta la familia en el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial: "¿cómo se puede preguntar sobre los efectos postraumáticos y las secuelas que los hechos han podido ocasionar al menor si desde diciembre de 2017 el doctor no lo ha vuelto a ver ni lo ha atendido?".

El recurso es claro en sus reproches al magistrado del juzgado de Getafe porque in-admitió las 19 preguntas que los padres de Eduardo quisieron formular a través de sus representantes legales a este doctor. El médico fue citado en sede judicial para preguntarle por las grabaciones de esos supuestos malos tratos pero el interrogatorio se suspendió por falta de tiempo y se le pasó un cuestionario escrito. En ese cuestionario el juez no incluyó ni una sola pregunta de los denunciantes. La familia recurrió esta indefensión pero el magistrado mandó el recurso al tribunal correspondiente un día después de dictar su fallo. "Otra indefensión más", según aseguran los denunciantes.

En su recurso de apelación, los padres de Eduardo cuestionan también que el magistrado no haya considerado los audios como una prueba de maltrato. Las preguntas del juez al médico fueron dirigidas a establecer si el niño sufrió un agravamiento de su autismo con los episodios denunciados y de las respuestas, el magistrado infirió que tal agravamiento no se produjo. El recurso asegura que es un error medir el perjuicio en función del trastorno del menor porque el trato degradante, aseguran, "genera en un niño con autismo lo mismo que en cualquier otro". Además, el recurso expone que el magistrado no tuvo en cuenta para el fallo el informe pericial de una psicóloga que declaró como testigo y que acreditó que Eduardo sufrió una situación de maltrato que le produjo graves secuelas.

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