Tres años y medio de cárcel, primera condena del caso Invercaria
La Audiencia de Sevilla condena al expresidente de la sociedad pública de capital riesgo de la Junta, Tomás Pérez Sauquillo y a la dueña de Aceitunas Tatis
Tomás Pérez Sauquillo y Gracia Rodríguez ante el Tribunal que los ha juzgado / EFE
Sevilla
La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y medio de cárcel al expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo, por prevaricación y malversación de fondos públicos. La empresa de capital riesgo de la Junta concedió en 2009 un préstamo de 100.000 euros a la empresa jienense Aceitunas Tatis "de forma arbitraria", sin que la sociedad presentara ni un solo papel. La administradora única de la sociedad ha sido condenada a dos años de prisión como inductora. Los dos tendrán que indemnizar de forma solidaria a Inveseed, la empresa a la que le fueron transmitidos los derechos del crédito, con 108.700 euros.
Según la sentencia, el expediente de concesión del préstamo "carece de documentación" y no consta el empleo que le dio la acusada al dinero. Pérez Sauquillo, dicen los jueces, "decidió dar un préstamo a un tercero sin llevar a cabo ninguna actuación tendente a comprobar la situación real de la empresa que solicitaba la financiación ni su capacidad económica ni la viabilidad de llevar a cabo algún tipo de proyecto". Invercaria tampoco comprobó luego si "las cantidades entregadas se habían aplicado a algún proyecto de interés público".
"Conceder un préstamo sin haber entrado en el más mínimo análisis de la inversión que se hacía es la máxima expresión de la arbitrariedad", se puede leer en la sentencia; que también destaca que son necesarias normas mínimas de prudencia empresarial y financiera a la hora de disponer de fondos públicos.
Fue una decisión tomada a pesar de la patente dificultad económica de Aceitunas Tatis y "el contenido de su proyecto de línea erótica en la distribución de sus productos no suponía innovación tecnológica en el sector" de la aceituna, explica una sentencia que se puede recurrir.
La concesión del préstamo supuso un perjuicio para los fondos públicos por decisión y voluntad de quien podría tener capacidad para ello. De tal forma que se deja al margen la falta de publicidad o igualdad de trato a todos los ciudadanos, razonan los jueces. "Se actúa de forma incorrecta cuando se toman decisiones faltas de valoración, no analizadas y por mera voluntad de quien puede hacerlo por tener competencia y capacidad de decisión. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso".
La prevaricación es el medio para cometer la malversación de fondos públicos "al entregar un dinero y favorecer con ello a un tercero, en perjuicio de otros que no tienen ni conocimiento siquiera de la posibilidad de acceder a estos préstamos ni sus términos. Dando lugar a un perjuicio para el erario público".
Este ha sido el primer juicio del caso Invercaria, un supuesto macrocaso de corrupción en la Junta que se dividió en una treintena de piezas.
El exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, hizo llegar a la jueza Mercedes Alaya la grabación de una conversación en la que, supuestamente, la presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas por Invercaria, a lo que este se niega. Cantos ha sido testigo en este juicio pero está procesado en otras piezas.
