El Estado buscará recuperar para lo público el Pazo de Meirás
El delegado del Gobierno en Galicia ha mostrado su confianza en que la Justicia resuelva a favor del Estado
Pazo de Meirás / Getty Images
A Coruña
El Pazo de Meirás fue utilizado durante 40 años como residencia de Franco en tanto que Jefe del Estado; sus mejoras y rehabilitación se hicieron con fondos públicos; la compra del mismo por parte del dictador se hizo mediante un documento con el que a día de hoy se habría cometido un delito de falsedad en documento público. Esos son los argumentos centrales con los que el Estado intentará desde el próximo lunes recuperar de los herederos del dictador el Pazo de Meiras.
Más información
Así lo ha explicado Javier Suárez: "Eso determinó que el estado adquiriese el bien con la condición de que fuera de dominio público, de manera que la posesión posterior que han podido realizar la familia Franco no les admite adquirir la popiedad del bien porque el dominio público es inprescriptible".
El abogado del Estado ha estado acompañado del delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quien ha mostrado su confianza en que la justicia resuelva a favor del Estado: "La reparación, la justicia y la memoria tienen muchas fases de aplicación de la memoria histórica y una de ellas es la recuperación de lo que es un bien de dominio público".
El juicio por la recuperación del Pazo de Meirás comenzará el lunes 6 de julio en A Coruña. Un proceso iniciado por la Abogacía del Estado y al que se han sumado como administraciones implicadas Xunta, Diputación y los Concellos de Sada y A Coruña.
Como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.
El juicio comenzará el lunes, día 6, con la declaración de siete testigos, entre los que estará el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña; el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.
También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.
A las puertas de los juzgados está convocada a las 8.30 una manifestación a la que está previsto que asistan distintos colectivos de recuperación de la Memoria Histórica, así como partidos políticos como Anova y BNG, Marea Atlántica o Podemos.
