Martes, 30 de Noviembre de 2021

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CCOO PV se querella por las torturas a sus fundadores

El sindicato se persona como acusación particular y acusación popular junto a los once querellantes de dos sumarios abiertos en 1968 y 1970 por supuestos casos de tortura por parte de la brigada político social

Querellantes por torturas a los fundadores de CCOO PV

Querellantes por torturas a los fundadores de CCOO PV / CCOO PV

CCOO del País Valencià ha presentado una querella criminal por las torturas sufridas durante la dictadura por sus fundadores a manos de la brigada político social. El sindicato se suma a los once querellantes de dos sumarios de 1968 y 1970 contra los responsables de aquellas conductas tipificadas como delitos de lesa humanidad y de torturas. Una acusación que es respaldada por la Plataforma de Apoyo a la Querella Argentina del País Valencià.

Uno de los querellantes, César Llorca, víctima de aquello ha definido a la brigada político social como un grupo de sádicos que disfrutaban con las torturas que no tenían otro objetivo más que torpedear la creación del sindicato. Por eso considera que la justicia debe reparar aquello y condenar a los culpables.

El primer sumario alude a los hechos ocurridos en noviembre de 1968, por el que fueron detenidos 36 trabajadores. En los registros, detenciones, interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos participaron 23 miembros de la Brigada Político Social de Valencia y Port de Sagunt. Tras su ingreso en prisión, los detenidos fueron procesados por la Jurisdicción Militar y acusados de un supuesto delito de rebelión militar. 19 de ellos denunciaron desde la cárcel en cartas manuscritas dirigidas al titular del Juzgado Militar las torturas de las que habían sido objeto, como corrientes eléctricas, que les aplicaron atados a una cama metálica.

El segundo sumario se sitúa en octubre de 1970, cuando la Brigada Político Social desató una nueva operación contra CCOO, en este caso contra 16 trabajadores de distintas empresas del metal (como MACOSA, Elcano, Unión Naval de Levante), entre los que se encontraban una mujer y dos sacerdotes. Se les detuvo a punta de pistola a la salida de una reunión en las Escuelas de San José para debatir el convenio del metal. Un repaso a la tabla salarial de este convenio muestra el compromiso de estos hombres y mujeres, que se jugaban el despido y su libertad por el aumento de unos céntimos y unos días de vacaciones. Evidencia también la mezquindad empresarial y la brutalidad policial. Cabe destacar la movilización de muchas comunidades cristianas, que celebraron asambleas en parroquias y centros de trabajo denunciando la represión y pidiendo la libertad de los detenidos.

Tanto Arturo León, secretario general de CCOO PV, como la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, han apelado a la necesidad de que estos hechos no queden impunes. “Es imprescindible -ha dicho León- que la memoria histórica democrática haga visibles las conductas contrarias a los derechos humanos y se reconozca la contribución de las personas que durante esa época padecieron la represión".

La consellera, por su parte, ha subrayado que la justicia, la memoria y la reparación son necesarias porque "los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir”.

 

 

 

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