Jueves, 06 de Agosto de 2020

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El Instituto Canario de Igualdad insta a la alcaldía a proteger a la denunciante de acoso sexual

En una carta remitida al alcalde del municipio, Juan Jiménez, la directora del ICI, Kika Fumero, le insta a que suspenda de responsabilidades al edil José Juan Herrera (AEPR), acusado por una exasesora municipal de un presunto delito de acoso sexual.

Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Ayuntamiento de Puerto del Rosario / Archivo

“El Ayuntamiento no solo debe proteger a la víctima de violencia de género poniendo en marcha los mecanismos legales y las actuaciones procedentes para poner fin a la situación vulneratoria; sino que, además, debe prevenir que hechos como los denunciados se produzcan”. Así se ha manifiestado la directora del Instituto Canario de la Mujer, Kika Fumero, en una carta remitida al alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, en la que le insta a proteger a una trabajadora del Ayuntamiento que acusa a un concejal de acoso sexual.

DENUNCIÓ NUMEROSOS MENSAJES en los que le instaba a MANTENER RELACIONES SEXUALES

El asunto saltaba a la luz después de que una exasesora municipal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario interpusiera una querella criminal contra el concejal José Juan Herrera por un presunto delito de acoso sexual. Ambos, querellante y querellado son compañeros de partido dado que concurrieron en las pasadas elecciones locales bajo las siglas de Agrupación de Electores Puerto del Rosario. Ella no logró puesto de concejal pero sí desempeñó funciones de cargo de confianza hasta el pasado 16 de julio fecha en la que fue destituida.

Según la denuncia, desde un primer momento el concejal quería mantener relaciones sexuales con ella y las exigía a cambio de evitar su cese. La mayor parte de las proposiciones las realizaba el edil a través de las redes sociales. Como no accedió, asegura que Herrera presionó al alcalde, Juan Jiménez (PSOE), para que decretara su cese. Por eso, la denuncia también se dirige contra el primer edil al considerar que es cooperador necesario en la comisión del delito de acoso sexual, porque ni puso los hechos en conocimiento de las autoridades ni activó el protocolo reglado para estos delitos.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con la exasesora que asegura "no estar muy bien" y prefiere no hacer declaraciones porque es un asunto del que se debe encargar la Justicia.

En la misiva, la directora del Instituto Canario de la Mujer manifiesta “la más profunda preocupación generada por los hechos acontecidos en esa Corporación en relación con la presunta comisión de un delito de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de gobierno, del que ha sido víctima una mujer que, hasta hace pocos días, en que se produjo su cese, ha estado vinculada con el Ayuntamiento por un contrato de personal eventual y de los que se han hecho eco ampliamente los medios de comunicación isleños”.

Ante esta situación, el ICI ha instado al alcalde de Puerto del Rosario a que, como medida cautelar, “acuerde la suspensión en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que tiene atribuidas el cargo público denunciado mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial que, según los medios, ha iniciado la víctima”.

En la misiva, la directora del ICI recuerda que la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género incluye en su ámbito de aplicación y, por lo tanto, conceptúa como violencia de género todas las manifestaciones de violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo que implique o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

“Es, por tanto, indispensable que el Ayuntamiento adopte medidas dirigidas a proteger a la mujer/trabajadora, víctima de violencia de género, incluso, con carácter cautelar, poniendo en marcha protocolos específicos, si la institución dispone de los mismos, o las medidas procedentes para evitar que se sigan produciendo los actos a los que se hace referencia en los medios de comunicación como institución pública y como parte empleadora”, subraya Fumero.

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