La jueza desestima las peticiones de De Moya en la primera jornada del juicio

Jaén

Llegó el día que se fijo hace medio año, el lunes 5 de abril, la jornada elegida para iniciar el juicio por la macrocausa de corrupción denominada como Caso Matinsreg por la que se pretende esclarecer el presunto quebranto de casi cuatro millones de euros a las arcas municipales de la capital a través del inflado de facturas por servicios prestados en el mantenimiento de la ciudad e, incluso, por trabajos que no se llegaron a realizar. Todo ello durante la etapa del popular José Enrique Fernández de Moya como alcalde, convertido ahora en el principal acusado por las partes aunque no por la Fiscalía.

La estrategia de la defensa de De Moya se ha centrado en pedir la retirada del proceso judicial del consistorio y del grupo municipal socialista, acusación particular y popular, respectivamente. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada por la jueza aunque en el caso del ayuntamiento, la jueza ha exigido que solucione un defecto "subsanable" que hay, la falta del decreto de alcaldía (aprobado en pleno el 27 de junio de 2018) por el que el Ayuntamiento acordó personarse como perjudicado, decreto con el que se faculta al consistorio a presentarse en este tipo de juicio algo que "existe y que mañana a las nueve estará aquí" tal y como ha señalado el abogado de la acusación particular, César Canora.

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Lo que sí ha aceptado la magistrada ha sido la petición del Ministerio Fiscal para que se retire la acusación de cohecho contra el exprimer edil, acusación que pedía el PSOE debido a la supuesta mediación de De Moya para la contratación de familiares y amigos por parte de Matinsreg y empresas vinculadas. Finalmente, el tribunal ha dejado fuera esta acusación y ha señalado que no permitirá preguntas vinculadas a este respecto.

A falta de ese documento, la decisión ha sido la de suspender la primera sesión del juicio para retomarla mañana martes, momento en el que podrían empezar a declarar los nueve acusados entre los que, además de De Moya, también están los que fueran compañeros suyos en el equipo de gobierno, Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral. Completan la lista un funcionario municipal y responsables de la empresa contratada. Las acusaciones piden entre seis y 11 años de prisión para los diferentes acusados así como inhabilitación para ejercer cargo público y que se indemnice al consistorio con 4,9 millones de euros. Todo ello por delitos de prevaricación, malversación continuada y falsedad en documento público, entre otros.

La conciencia tranquila

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El que fuera todopoderoso presidente del PP en la provincia de Jaén ha sido el único acusado que ha atendido a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la primera sesión. De Moya ha repetido en muchas ocasiones que tiene la conciencia tranquila y que viene a "defender mi honestidad, honradez y mi integridad personal" para continuar asegurando que "toda mi actuación siempre fue conforme a derecho".

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El que también fuera diputado en el Congreso, senador, parlamentario regional y presidente de Nuevas Generaciones ha aseverado que todo esto se debe a una "querella política del Partido Socialista Obrero Español". Insiste en que se está haciendo "un uso tergiversado que se quiere hacer para dañar" y califica de "canallesca" la actitud del PSOE. Cabe recordar que fue una denuncia socialista en 2012 la que permitió iniciar el proceso.

Además, ha señalado que cuenta con el apoyo de "muchos cargos públicos del PP que hoy me querían acompañar" así como el de numerosos vecinos de la capital insistiendo en que "el coste personal del proceso es irreparable". De Moya habla de apoyo por parte del que fuera su partido, se dió de baja cuando se le abrió juicio oral, pero hace poco más de 48 horas, el secretario general del PP en Jaén, Francisco Palacios, evitó decir su nombre y se refirió a él como "una persona que está en manos de la decisión de los Tribunales".