Sada pide a la Xunta que amplíe el decreto BIC en Meirás para blindar lo que hay dentro del Pazo

A Coruña

El Concello de Sada demanda a la Xunta que modifique con urgencia el decreto que declaró Bien de Interés Cultural As Torres de Meirás en 2008 para incluir un anexo de los bienes vinculados al sitio histórico. Es una forma para que la familia familia Franco no empiece a llevarse objetos del pazo tras el auto de la Audiencia Provincial que le da pie a ello. Para los bienes muebles declarados BIC, como son hasta ahora sólo las estatuas del Mestre Mateo o la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, los herederos del dictador deben pedir, no obstante, autorización a la Xunta para poder moverlos, lo que suponemos no se va a producir.

Para que no se produzca ninguna mudanza, el Concello de Sada reclama al Estado y a la Xunta que incoen una modificación del decreto BIC, con el que ya cuenta el pazo, con el objetivo de detallar qué bienes son susceptibles de permanecer en Meirás. El alcalde de Sada, Benito Portela, propone además que la abogacía del Estado presente un incidente de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña para evitar la retirada de los objetos que permanezcan en el pazo y que puedan tener interés patrimonial.

Según la reclamación, los Franco sólo renuncian a los objetos que haya podido dejar en Meirás el Estado, una vez que tomó posesión del Pazo. Los herederos del dictador entienden que todo lo del interior es de su propiedad y que sólo necesitan un permiso de la Xunta para poder llevarse lo que sea Bien de Interés Cultural, una vez que la Audiencia Provincial de A Coruña anuló la medida cuatelar que dejaba en depósito del Estado todos los objetos del interior del Pazo. En este sentido, también reclaman que se anule el inventario de bienes que se realizó en su día a partir de esa medida cautelar ahora anulada.

Por cierto que la titular del juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña que dictó la medida cautelar ahora anulada por la Audiencia Provincial ya no es Marta Canales, la jueza autora de la primera resolucióni y que dictó las medidas cautelares que ordenaban el depósito de los bienes a favor del Estado, revocadas ahora por la Audiencia Provincial.