Carlos Fabra: "Vivo de mi pensión y de la ayuda que me prestan mis hijos"
Radio Castellón ha tenido acceso a las declaraciones de la instrucción de la causa, donde el ex líder del PP de Castellón afirma que Fernando Roig es su "mejor amigo"
Imagen de Carlos Fabra en la ciudad de la Justicia. / Javier Quesada
Castellón
El ex líder del Partido Popular en la provincia de Castellón, Carlos Fabra, aseguró en su declaración como investigado que vive de su "pensión y de la ayuda que le prestan sus hijos".
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Radio Castellón Cadena SER ha tenido acceso a las declaraciones del proceso de instrucción que investiga la presunta ocultación de bienes por parte del ex presidente de la Diputación de Castellón y ex líder del PP provincial, Carlos Fabra, para evitar pagar una multa de más de un millón de euros a Hacienda, tras su condena a 4 años de cárcel por delitos fiscales.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral en esta nueva pieza contra diez encausados, a los que les ha reclamado una fianza conjunta de casi un millón y medio de euros. El juez pide 12 años de prisión para Fabra. Anticorrupción, durante la instrucción ha detectado en la investigación movimientos de más de 26 millones de euros brutos en la trama, que presuntamente se realizaron para ocultar el patrimonio del ex líder del PP.
Fabra, en la declaración prestada en sede judicial el pasado 28 de octubre, admitió que recibió un cheque de 300.000 euros emitido por el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig Alfonso, en 2014. El ex líder del PP provincial manifestó que se debió a una amistad que les unía, y que no ha podido devolver dicho préstamo, pero que Roig es su "mejor amigo".
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Fabra, en su declaración también explicó que la Agencia Tributaria ya ha subastado varias de sus propiedades, como "un garaje en Ibiza, una casa en Culla o parcelas en la urbanización La Coma".
En la causa, el juez Jacobo Pin trata de averiguar el motivo por el que se produjeron operaciones económicas entre Fabra y tres sociedades MIGUMI, NEROFER y PORTOVAN. Según el auto judicial, la mercantil MIGUMI, sociedad cuyo administrador único desde su constitución en el año 2002 es Miguel Pérez, al parecer ordenó transferencias por 450.000 entre los años 2010 y 2013 a cuentas tituladas por Carlos Fabra y por su hijo, Borja Fabra, que en su declaración prestada en sede judicial el día 28 de octubre de 2020, manifestó al respecto, en un principio, que no recordaba el motivo de tal pago, aunque sí reconoció conocer a Miguel Pérez como un amigo de la familia. Más tarde, otra sociedad, NEROFER transfirió la misma cantidad, 450.000 euros a la mercantil MIGUMI, que previamente había realizado los pagos a la familia Fabra.
Además, según se desprende del auto, el 15 de julio de 2013, Miguel Pérez, supuestamente también actuó como apoderado en nombre y representación de la mercantil NEROFER, en la concesión ante notario de un préstamo personal, de 1'4 millones de euros, con garantía hipotecaria sobre el domicilio particular de Carlos Fabra, ubicado en Oropesa del Mar. El juzgado acordó a principios de este mes de diciembre la inmovilización cautelar de la vivienda.
Según el auto, el administrador único de NEROFER era, por aquel entonces y hasta el 17 de febrero de 2015, fecha en que dicha mercantil quedó extinguida por absorción por PORTOVAN, Fernando Roig Negueroles. Un cargo que hasta el 11 de julio de 2003 tenía su padre, Fernando Roig Alfonso.
Entre los diez encausados a los que el juez ha abierto juicio oral se encuentran familiares de Carlos Fabra, como su mujer o dos de sus hijos, a los que el Ministerio Público exige penas entre los 7 y los 11 años de cárcel. En relación con los empresarios investigados en la causa, Fiscalía reclama 4 años y siete meses de prisión para el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig Alfonso, y la misma pena para su hijo, Fernando Roig Negueroles.
El instructor ha señalado la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento de la causa. La Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho.
El magistrado ha decretado también la apertura de juicio oral para seis mercantiles como personas jurídicas.
