El exconseller Fernando Castelló se niega a declarar por las presuntas comisiones del plan eólico
La Guardia Civil considera que el exconseller de Industria y Comercio de la Generalitat Fernando Castelló tuvo un papel activo en 2002 en una supuesta trama liderada por el expresident Eduardo Zaplana
Castellón
El exconseller de Industria y exsecretario de Estado, Fernando Castelló, y el que fuese jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, se han negado a declarar ante la jueza instructora del conocido como caso Erial por el supuesto cobro de mordidas en la adjudicación de contratos públicos de la Generalitat.
Según han informado fuentes judiciales a EFE, también ha rechazado declarar el representante legal de la firma energética Elecnor, que consta como acusada en el proceso por supuestas irregularidades en los contratos del plan eólico valenciano, de los que resultó adjudicataria junto a otras empresas.
En los informes presentados al juzgado que investiga esta causa, la Guardia Civil atribuye a esta mercantil el pago de 150.000 euros al exconseller Fernando Castelló, en lo que pudo constituir una comisión ilícita, según consta en el sumario.
La Guardia Civil considera que el exconseller de Industria y Comercio de la Generalitat Fernando Castelló tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por el expresident Eduardo Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) a empresarios afines.
El caso Erial, en el que está imputado el expresident y exministro Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
En el sumario del mismo consta una comunicación de mayo de 2002 y dirigida por Juan Francisco García a "Eduardo", se señala, a propósito de Transvía, que "hay que dar un 'empujón' a Fernando Castelló para que se firme el acuerdo de compraventa entre Transvía e Hidrocantábrico, para dejar cerrada toda la operación".
"En la licitación del PECV, atendiendo al contenido del informe pericial emitido por la Agencia Valencia Antifraude, habría tenido un papel relevante Fernando Vicente Castelló, el cual habría suscrito la Orden por la que se realiza la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del PECV", dice el informe de la Guardia Civil.
Añade que "fue presidente de la Comisión de Selección de Proyectos y aprobó el informe sobre propuesta de selección de proyectos", así como "el anexo de condiciones (obligatorias) de selección a cumplir por las empresas preadjudicatarias".
Poco tiempo antes de abandonar el acta de diputado en el Congreso por el PP -tras su paso por la Conselleria de Industria-, Castelló constituyó la mercantil Inversiones y Servicios Gesfyan, de la cual es accionista y consejero junto a otros miembros de su familia, una mercantil en la que solo se han identificado dos fuentes de ingresos relevantes, que ascienden a 300.000 euros, añade la Guardia Civil en sus informes.
La Guardia Civil dirigió un escrito a la jueza en el que señalaba "el supuesto pago de comisiones con motivo de la adjudicación del PECV y de las que podrían haber sido beneficiarios Eduardo Zaplana y Juan Francisco García Gómez" (...)" además de la existencia de documentos que apuntan a la evidencia de un papel central en relación al PECV por parte de Fernando Castelló.
Por lo que respecta al exdirector de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, está investigado en esta misma causa por su responsabilidad en la mesa de contratación en el proceso de privatización de las ITV.