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Tribunales
Caso Púnica

El juez de Púnica procesa a ocho exalcaldes por las adjudicaciones a Cofely

Entre los procesados destaca el empresario David Marjaliza, considerado presunto socio en la Púnica del exconsejero madrileño y exalcalde de Valemoro, Francisco Granados.

El Tribunal Supremo lleva el caso Púnica / Vicente Menéndez

El juez del caso Púnica Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 37 personas, ocho de ellas exalcaldes, por irregularidades en la adjudicación a la compañía de servicios energéticos Cofely de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014. Además de los exalcaldes, entre los procesados destaca el empresario David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño, Francisco Granados, en Púnica y que desde hace unos años está dando muestras de colaboración con la Justicia en esta causa. En esta pieza del caso, la número 6, Marjaliza está considerado el "conseguidor" de esos contratos de Cofely con la trama.

La investigación afecta a los contratos adjudicados en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de Enmedio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que hace un montante total de casi 224 millones de euros.

Entre los ahora procesados por el juez figuran, además, técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, a la que el magistrado también propone juzgar como persona jurídica.

El magistrado considera los hechos constitutivos de un total de ocho delitos: organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes; cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa; fraudes del particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero; y delito de cohecho en persona jurídica.

 
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