La jueza que investiga a Eduardo Zaplana propone prorrogar seis meses más la instrucción
En una diligencia remitida a las partes personadas en la causa, la magistrada advierte de que "no se encuentra analizada toda la documentación intervenida" y de que "de su análisis podría resultar necesaria la práctica de nuevas pruebas"
Archivo - El expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana / Francisco Martínez - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)
Valencia
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga en el caso Erial al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, ha propuesto prorrogar la investigación durante seis meses más ante la necesidad de desarrollar nuevas pesquisas.
Más información
En una diligencia remitida a las partes personadas en la causa, la magistrada advierte de que "no se encuentra analizada toda la documentación intervenida" y de que "de su análisis podría resultar necesaria la práctica de nuevas pruebas".
Por ello, considera necesaria una nueva prórroga de otros seis meses y consulta a las partes y al Ministerio Fiscal para que hagan al respecto las alegaciones que consideren.
El exdirigente del PP fue detenido el 22 de mayo de 2018 y fue puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 aunque, de esos 259 días, 51 los pasó en el Hospital La Fe de València, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.
En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos "b" y hermano de la citada ex diputada autonómica.
También lo están la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana, su yerno Luis Iglesias y su secretaria Mitsuko Henríquez.
Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
El foco del caso está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011, unas operaciones que, mediante el supuesto cobro de comisiones ilícitas, pudieron reportar a la trama supuestamente corrupta cerca de 11 millones de euros.
Por el momento se ha descubierto gran parte del supuesto entramado societario que sirvió a Zaplana y sus testaferros para ocultar esos fondos, pero al parecer queda por analizar diversa información sobre operaciones comerciales e inmobiliarias posteriores que pudiesen haber servido para repatriar fondos desde cuentas en el extranjero y blanquearlos.
