Fiscalía y acusación consideran probado que se benefició a BECSA, CCMS y al hermano de Andrés Llorens en 2009

Alicante

Se acerca el final del juicio contra el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, en la etapa de Sonia Castedo, por un presunto fraude en la adjudicación de diversas obras del Plan E en el año 2009. En la sesión de este viernes han presentado sus conclusiones la Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal. El lunes será el turno de la defensa de Llorens, pero también de las de los otros tres acusados: el jefe de servicio por aquel entonces de Atención Urbana, José Lidón, y los responsables de dos empresas supuestamente implicadas, BECSA y CCMS.

Tanto Fiscalía como la acusación popular consideran acreditados que se benefició a las dos mercantiles en la adjudicación de varios contratos por valor de 7,3 millones de euros. Para ello, dispondrían de los proyectos antes de que se hicieran públicos, por lo que podían presentar ofertas mucho más adecuadas a las exigencias de licitación. De hecho, podían hacerlo porque, aseguran, el responsable técnico de BECSA, Juan Manuel Valdivieso, habría sido el que elaboró esos proyectos que luego debían adjudicarse, como prueban los metadatos de la documentación encontrada en su ordenador durante los registros policiales.

Por otra parte, se considera Andrés Llorens benefició a su hermano en los proyectos de instalación de contenedores soterrados. Este trabajaba para un fabricante, SEDMI, cuya subcontratación se tapó a través de un intermediario, una copistería que habría obtenido hasta 15.000 euros de beneficio por contenedor vendido a BECSA, quien los instalaba posteriormente. De ahí el interés y las supuestas presiones de Llorens para adjudicar a BECSA estos trabajos, explica Lourdes Perpiñà, la letrada de la acusación popular.

Por ello, tanto acusación como Fiscalía consideran que hubo una concertación de cerca de cinco millones de euros por parte de la Concejalía de Atención Urbana para favorecer a BECSA y a CCMS, además de al hermano de Llorens, en 2009 y 2010. Algo que "supone un claro delito de prevaricación en todo el proceso de licitación, que nació viciado desde el principio", concluye el fiscal Felipe Briones.