Las oficinas de Lanbide dejarán de gestionar ayudas para centrarse en las políticas activas de empleo

El departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha realizado un informe sobre el dimensionamiento de Lanbide, con el el objetivo de cuantificar los recursos humanos actuales y los que serán necesarios para atender las nuevas obligaciones competenciales derivadas de la transferencia del IMV, la entrada en vigor en marzo de la Ley de garantía de ingresos e inclusión y la prevista aprobación de la de Ley de Empleo en 2024.

Según el informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, en la actualidad trabajan en Lanbide 941 personas: 648 en las oficinas de empleo, 202 en servicios centrales y 91 en las oficinas territoriales. El documento concluye, por una parte, en la necesidad de incorporar más personal para asumir las nuevas tareas a las que les obligan las leyes. Por otra parte, la necesidad de un cambio de funciones de ese personal.

Sobre el aumento de la plantilla, los presupuestos del Gobierno vasco de los años 2022 y 2023 ya recogen la aprobación de 79 y 74 nuevas plazas respectivamente. Las cuentas de 2022, ha explicado el viceconsejero de Empleo e Inclusión Alfonso Gurpegui a la Cadena SER, lo hicieron para gestionar la transferencia del IMV a Euskadi, mientras que las de 2023 se orientaron, sobre todo, a pailar "un déficit histórico de Lanbide, el de los orientadores" "Con todo eso, alcanzaremos las 1.083 personas de plantilla", concluye Gurpegui. Sin embargo, no serán suficientes. La previsible entrada en vigor en 2024 de la Ley vasca de Empleo y, con ella, del derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, implicará, además, nuevas obligaciones, tales como que todas las personas inscritas en Lanbide tengan un técnico de referencia, se les haga diagnóstico y un plan personalizado de inserción laboral. "Para eso tenemos un plan de nuevas incorporaciones de 60 personas hasta 2026, que será cuando entren en vigor todas las disposiciones de la Ley", explica el viceconsejero.

A la espera de esas incorporaciones, lo más inmediato será un cambio de funciones para los trabajadores actuales. "Hasta ahora toda la tramitación de la RGI e IMV se hacía en las oficinas de empleo, hasta la resolución que se llevaba a servicios centrales para firmarla", dice Gurpegui. Según el informe de diagnóstico, un 64,66% de los trabajadores en las oficinas de empleo se dedica a gestionar las prestaciones, por un 35,34 centrado en las políticas activas de empleo. "Ahora queremos sacar la gestión de las prestaciones de las oficinas y hacerla desde las oficinas territoriales y los servicios centrales, dejando para las oficinas solo la información, acompañamiento y registro. Eso supondrá que del 65 por ciento pasaremos a un 10 por ciento de trabajadores de las oficinas dedicados a gestionar ayudas y que la mayoría se dedique a las políticas activas de empleo", declara, El Gobierno vasco calcula que de los 1.083 trabajadores de Lanbide se dedicarán a prestaciones cerca de 360 personas, en vez de las más de 500 de la actualidad. Ese cambio será gradual y comenzará en abril o mayo en algunas oficinas.