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La Plataforma “Salvemos la Cruz” convoca una manifestación este martes a las puertas de la Audiencia Provincial

Coincidiendo con el proceso judicial abierto contra el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Carlos, por supuestas presiones a los alcaldes de la provincia para retirar simbología franquista. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, es uno de los regidores citados a declarar testigo

Cruz de los Caídos de Cáceres / Europa Press

Cáceres

La plataforma ciudadana ''Salvemos la Cruz' ha convocado una manifestación este martes a las puertas de la Audiencia Provincial de Cáceres, cuando se inicia el proceso judicial abierto contra el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Carlos, por supuestas presiones a los alcaldes de la provincia para retirar simbología franquista.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, es uno de los regidores citados a declarar como testigo. También tendrán que pasar por el juzgado la alcaldesa de Gargüera de la Vera, Feliciana Muñoz Fernández; la alcaldesa de Brozas, Milagrosa Hurtado; la de Talaveruela de la Vera, María Belén Blanco Villamarín; y el alcalde de Barrado, Jaime Díaz Breña.

Desde el colectivo manifiestan que “ahora tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho a defender la cruz con nuestra presencia en los juzgados, para que como ciudadanos exijamos que la cruz permanezca en su lugar”, apuntan desde la plataforma en referencia a la Cruz de los Caídos que se ubica en la Plaza de América de Cáceres.

El pasado mes de abril, la plataforma entregó en el registro del Ayuntamiento de Cáceres un total de 69.279 firmas contra la retirada de la Cruz de los Caídos. En junio de 2021, los ediles no adscritos solicitaron en el pleno “descontextualizar de un modo oficial el monumento de su dedicatoria original” vinculada al franquismo. Así, Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz llevaron a pleno una moción (rechazada con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos y la abstención de Ciudadanos) para que la Cruz de los Caídos se dedicase a la memoria de los cacereños fallecidos por la pandemia, y que el consistorio se opusiera y actuase jurídicamente a cualquier intento de eliminarla de su ubicación actual.

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