Extremadura afronta una huelga docente por la falta de acuerdo salarial

Badajoz

El conflicto entre los sindicatos docentes y la Junta de Extremadura continúa en punto muerto a pocos días de que se lleve a cabo la jornada de huelga convocada para el martes 7 de octubre, que podría dejar sin clase a miles de alumnos en toda la región.

La protesta, que afecta a todos los niveles de la educación pública extremeña, está secundada por todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial de educación, CSIF, PIDE, CCOO, ANPE y UGT-SP, tras meses de desencuentros con la Consejería de Educación.

En total más de 16.500 maestros y profesores están llamados a secundar esta movilización, que busca denunciar el estancamiento en las negociaciones sobre la homologación salarial con el resto de comunidades autónomas. Desde el sindicato PIDE su portavoz, José Manuel Chapado ha lamentado que desde la administración no se ha hecho nada desde el verano para evitar la huelga.” No ha habido ni contacto formal ni informal desde que se rompieron las negociaciones, en mayo o junio”, ha dicho el dirigente que recuerda que, desde octubre de 2024 vienen solicitando este aumento salarial, donde tras más de un año de espera la situación ha empeorado. “Entonces éramos los terceros peor pagados. Hoy ya somos los últimos”, ha denunciado.

Desde PIDE ponen como ejemplo las diferencias retributivas con comunidades como País Vasco o Navarra, donde los docentes pueden percibir hasta 700 euros más al mes. “Aquí no hay complementos de productividad, ni por tutoría, ni de transporte. Es una discriminación inaceptable que debe corregirse. Para alcanzar una equiparación mínima, hablamos de al menos 200 euros de diferencia mensual”, cuenta a EL PAIS.

A esta jornada de huelga, donde muchos alumnos se pueden ver sin clases, hay que sumar el inicio de curso en toda Extremadura que estuvo protagonizado por el conflicto del transporte donde más de 7.000 alumnos se vieron afectados y que en muchos casos tardó más de una semana en resolverse. “Nunca habíamos vivido algo así. No sabemos quién está dando las órdenes en Educación. Hay descoordinación, improvisación y abandono de la educación pública”, decía Chapado.

Desde la Junta de Extremadura, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, defiende que el Gobierno regional sí ha realizado propuestas concretas y acusa a los sindicatos de haber rechazado una subida salarial de 80 euros mensuales, lo que supondría una inversión anual de 23 millones de euros. “Ese dinero no está ya en manos de los docentes porque los sindicatos dijeron que no. Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa”, trasladaba Vaquera.

La consejera insiste en que la Junta ha mejorado las condiciones laborales del profesorado en otras áreas. Como ejemplo ha puesto la reducción del horario lectivo de los maestros de 25 a 23 horas, la eliminación de la obligatoriedad de permanecer por las tardes en los centros y la posibilidad de realizar tareas de forma telemática. “Reconocemos que los docentes son la piedra angular del sistema educativo. Queremos mejorar sus condiciones, pero siempre dentro de las posibilidades presupuestarias. Seguimos con la mano tendida para dialogar cuando quieran volver a sentarse”, ha dicho la responsable política.

La Junta de Extremadura ha establecido los servicios mínimos que tienen que ponerse en marcha en este día de huelga. Esta medida busca garantizar derechos esenciales como la educación del alumnado, la asistencia de los padres a sus puestos de trabajo y la seguridad de los menores, según consta en la resolución que ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura.

Entre los servicios mínimos fijados destacan la presencia obligatoria del director de cada centro, así como de un jefe de estudios en aquellos con varios responsables. También deberán acudir los profesores de escuelas unitarias, un docente designado en cada localidad de los Centros Rurales Agrupados, y el personal directivo en internados, residencias, escuelas-hogar y centros de educación especial.

A pocos días de la huelga, ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder. Los sindicatos advierten que, si no hay un gesto de la Administración, las movilizaciones continuarán. Desde PIDE incluso dejan abierta la posibilidad de tomar medidas más contundentes. “Si la huelga es mayoritaria y la Junta no responde, podríamos llegar a paralizar las evaluaciones o impedir la entrega de notas, tanto durante el curso como al final”, contaba José Manuel Chapado.

Desde la Consejería recuerdan que el derecho a huelga es individual y voluntario, y que se garantizará un mínimo de atención educativa, aunque se espera que muchos centros puedan verse afectados en su totalidad.