La Junta de Extremadura estudia recurrir la restricción trianual de plantaciones en la DO Cava
La Junta considera que las restricciones deben revisarse año a año, ya que factores como la climatología, la sequía o la disponibilidad de uva para elaborar vino base pueden variar significativamente de una campaña a otra
Producción de botellas de cava. / Cavan Images
Badajoz
La Junta de Extremadura estudiará y presentará un recurso contra la resolución del Ministerio que establece restricciones trianuales de plantación en la Denominación de Origen Cava para los años 2027 y 2028, manteniendo únicamente la limitación prevista para 2026. Así lo ha anunciado la consejera de agricultura en funciones, Mercedes Morán, tras una reunión con el sector del cava, que calificó de “muy provechosa” por contar con la representación de todos los agentes implicados, bodegas, agricultores, organizaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y el Consejo Regulador del Cava en Extremadura.
Moran asegura que el encuentro ha permitido evaluar la situación del mercado y buscar un equilibrio que resulte beneficioso para los agricultores. En este sentido, la consejera ha incidido en que el año 2026 presenta un contexto de mercado “complicado”, lo que justifica mantener la restricción ese ejercicio, pero rechazó que se extienda automáticamente a 2027 y 2028. “No entendemos por qué se tiene que hacer para tres años cuando muchas denominaciones de origen aplican estas limitaciones de forma anual”, trasladaba.
La Junta considera que las restricciones deben revisarse año a año, ya que factores como la climatología, la sequía o la disponibilidad de uva para elaborar vino base pueden variar significativamente de una campaña a otra. Por ello, el Ejecutivo autonómico recurrirá la resolución, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, al entender que sus efectos para 2027 y 2028 “no tienen sentido” y perjudican tanto a agricultores como a industriales.
En relación con las movilizaciones anunciadas por los agricultores y la petición de un frente común contra la nueva Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo con Mercosur, la consejera reiteró el respaldo “claro” de la Junta al sector agrario extremeño. Criticó una PAC que considera insuficientemente dotada y que, a su juicio, no garantiza la rentabilidad de las explotaciones.
Sobre Mercosur, ha dicho que la Junta no se opone a los acuerdos comerciales, pero sí a que el sector agrario sea utilizado como “moneda de cambio”. Denunció la falta de cláusulas de salvaguarda efectivas y de reciprocidad en las exigencias de producción, recordando precedentes como el impacto en el sector del arroz por las importaciones de terceros países.
