María Guardiola, investida presidenta de Extremadura con los votos del PP y Vox

Badajoz

María Guardiola ha sido investida de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura tras fracasar en las dos anteriores sesiones de investidura de marzo. Tras casi cinco meses de bloqueo institucional, la líder del PP extremeño ha recibido el apoyo de los 29 diputados de su partido y de los 11 de Vox. Con ellos, gobernará en coalición y la ultraderecha contará esta vez con una vicepresidencia y las consejerías de Familia y Agricultura.

En su intervención en la cámara, María Guardiola ha vuelto a defender el pacto del PP con Vox que la ha convertido en presidenta de la Junta de Extremadura.

En su turno en la segunda sesión en la Asamblea extremeña, Guardiola ha asegurado que el acuerdo con la ultraderecha dará "estabilidad" a la región, y ha rechazado las críticas de la oposición contra la "prioridad nacional" que incluye el acuerdo: "Eso no es fascismo, se llama democracia".

El PSOE crítica que Guardiola compre los enunciados de Vox en migraciones

El PSOE de Extremadura ha criticado en el pleno de investidura de María Guardiola la polémica propuesta de “prioridad nacional” incluida en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox.

Su portavoz, Piedad Álvarez ha asegurado que esta medida, que plantea dar preferencia a ciudadanos españoles en el acceso a ayudas sociales, vivienda, empleo y formación, "ni es legal ni es humana", al considerar que vulnera principios básicos del Estado de derecho.

La dirigente socialista trasladaba que en España "no se puede restringir el acceso a servicios públicos por razón de origen", en línea con el marco constitucional y la normativa europea.

Durante su discurso, la portavoz socialista alertaba de que la aplicación de este tipo de políticas podría acarrear consecuencias jurídicas e incluso sanciones por parte de las instituciones europeas.

Además, cuestionaba la viabilidad de otras medidas anunciadas en materia migratoria, como controles sobre el padrón o actuaciones contra menores extranjeros no acompañados, recordando que la legislación vigente impide ese tipo de actuaciones a nivel autonómico.

Más allá de la "prioridad nacional", Álvarez enmarcaba estas propuestas dentro de lo que calificó como un "retroceso" impulsado por el acuerdo entre PP y Vox, al que acusó de introducir postulados "reaccionarios" en la política extremeña. En este sentido, ha denunciado que el pacto responde más a un reparto de poder que a un proyecto de región.

La intervención también trasladaba un balance muy crítico de la gestión de Guardiola, a quien responsabilizó de un periodo de bloqueo institucional y de la pérdida de oportunidades económicas. Según la portavoz socialista, Extremadura habría dejado de movilizar hasta 600 millones de euros durante los últimos meses, recursos que podrían haberse destinado a infraestructuras, educación o políticas sociales.

El PP avala la "prioridad nacional", pero basada en el "arraigo" a la región

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido el acuerdo alcanzado con Vox que está inspirado en el principio de prioridad nacional vinculado al arraigo, al que definió como una política “que mira por Extremadura” y que responde al mandato de las urnas. Según afirmó, se trata de un pacto que “pone a los extremeños por delante de cualquier interés partidista” y que garantiza estabilidad institucional tras unas elecciones en las que, recordó, los ciudadanos pidieron “desterrar el sanchismo de Extremadura”.

Sánchez Juliá negó que el acuerdo tenga un componente excluyente y subrayó que la llamada prioridad nacional no se basa en criterios de nacionalidad, sino en la vinculación con la región. “Es un acuerdo que está inspirado en el principio de prioridad nacional, pero una prioridad nacional a la que hace referencia, que es dar prioridad a aquellas personas que tengan una vinculación con nuestra tierra. Eso se llama arraigo a Extremadura”, explicó desde la tribuna. En este sentido, insistió en que el texto pactado “no excluye y que ni siquiera habla de nacionalidades”, sino que persigue fomentar “un arraigo duradero y verificable”.

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El portavoz popular defendió que este principio ya está presente en la legislación autonómica vigente y reprochó a la izquierda que lo califique ahora de xenófobo. “¿Le parece a usted xenófobo, racista y clasista que para una ayuda a una vivienda se pida el empadronamiento?”, preguntó, citando como ejemplo la renta extremeña garantizada aprobada en 2019, que exige residencia efectiva en la comunidad. A su juicio, la polémica responde únicamente a una estrategia de confrontación política y de “generar miedo” frente a un acuerdo que calificó de “legal, transparente y realizable”.

Enmarcando esta prioridad en un proyecto más amplio, Sánchez Juliá aseguró que el nuevo Gobierno aplicará políticas basadas en la mejora de los servicios públicos, la bajada de impuestos y la cohesión territorial, siempre con los extremeños en el centro. “Hoy Extremadura gana porque con este pacto se da respuesta al mandato de las urnas”, afirmó, defendiendo que se trata de “un proyecto de región” que garantiza cuatro años de estabilidad y que permitirá seguir avanzando “en una Extremadura donde se paguen menos impuestos, se cree empleo y se ponga a los ciudadanos primero”.

Vox aplaude el pacto y defiende su "prioridad nacional"

El presidente del grupo parlamentario de Vox, Óscar Fernández, situó la “prioridad nacional” como uno de los pilares centrales del acuerdo de Gobierno con el Partido Popular durante su intervención en la segunda sesión de investidura de María Guardiola. Fernández defendió que el nuevo Ejecutivo debe garantizar que “defender y vamos a defender a los nuestros los primeros, y lo nuestro lo primero”, una filosofía que, según subrayó, se traducirá en medidas concretas para asegurar que “quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”.

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El líder parlamentario de Vox concretó ese principio en ámbitos como la vivienda, las ayudas públicas y los servicios esenciales, insistiendo en que la prioridad nacional no es una consigna ideológica, sino “sentido común y realismo”. En este contexto, avanzó que el acuerdo contempla “prioridad en el acceso para los de aquí a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español, y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”, rechazando que estas políticas puedan calificarse de racistas o egoístas.

Fernández enmarcó estas propuestas en una crítica global a la situación económica y social de España y Extremadura, responsabilizando al Gobierno central y a la izquierda de un contexto que calificó de “situación absolutamente imposible”. Recordó que “más del 30 % de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda” y que “una de cada tres familias ni se plantea llegar a fin de mes”, al tiempo que denunció la presión burocrática sobre sectores estratégicos como el campo y la industria. Frente a ello, defendió que el nuevo Gobierno demostrará que “se puede poner primero a los españoles, claro que sí, primero a los españoles”.

En su intervención, el presidente del grupo de Vox subrayó que la prioridad nacional formará parte de un giro político más amplio en la comunidad, ligado a un cambio de modelo económico y social. “Ese peso y esa fuerza es un compromiso, es confianza y es palabra”, afirmó en referencia al respaldo electoral recibido, insistiendo en que Vox no respaldará un Ejecutivo para “hacer lo mismo que se estaba haciendo hasta ahora”. En ese sentido, sostuvo que el acuerdo de Gobierno marca un antes y un después porque “solo se cambia Extremadura con políticas distintas, con valentía y con decisión política”, colocando, afirmó, “los intereses de Extremadura, de los extremeños y de los españoles” en el centro de la acción de Gobierno.

Unidas por Extremadura acusa a Guardiola de “claudicar” ante Vox

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, calificaba el término “prioridad nacional”, de herramienta ideológica selectiva. Un concepto que “desaparece” cuando se trata de beneficiar a grandes empresas o fondos de inversión extranjeros, pero se aplica con contundencia contra la población migrante y la clase trabajadora.

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Durante su discurso en la Asamblea de Extremadura, De Miguel sostuvo que la noción de prioridad nacional, asumida en el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, refleja una visión “racista y clasista”, al tiempo que denunció que no se utiliza para proteger recursos estratégicos o servicios públicos. En este sentido, criticó que no se invoque para frenar la influencia de grandes corporaciones energéticas o sanitarias con capital extranjero, mientras sí se emplea para restringir derechos sociales.

La dirigente de Unidas por Extremadura acusó a Guardiola de haber “claudicado” para alcanzar el poder, asegurando que el pacto con Vox responde a intereses externos y no a las necesidades de la región. “Ha demostrado que es capaz de cualquier cesión por mantenerse en el sillón”, afirmó, en referencia a las negociaciones que, según dijo, estuvieron tuteladas desde Madrid.

De Miguel también cuestionó la estabilidad del futuro Ejecutivo autonómico, al considerar que el acuerdo está marcado por la desconfianza mutua y podría romperse en cualquier momento. “Cuando suene el silbato de Vox, no habrá gobierno ni estabilidad”, advirtió.

La intervención concluyó con un llamamiento a defender los valores democráticos frente a lo que considera un avance de discursos de odio. “No podemos permitirnos ser neutrales ante los ataques a la democracia”, afirmó, subrayando que el acuerdo entre PP y Vox supone, en su opinión, un retroceso en derechos y convivencia en Extremadura.

Estructura de la investidura

Un pleno que ha arrancado en la tarde de este martes, con el discurso de investidura de la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, que se prolongó durante más de una hora, y tras el que se suspendió la sesión hasta este miércoles.

En concreto, la sesión de este miércoles se abrirá con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, al que seguirán Vox, Unidas por Extremadura y el Grupo Popular, con un tiempo de 30 minutos cada uno, y a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, sin límite de tiempo.

Tras la intervención de María Guardiola, los grupos parlamentarios tendrán un turno de réplica de 10 minutos cada uno, a los que de nuevo, la candidata a la Presidencia del Ejecutivo extremeño podrá responder de forma conjunta o por separado, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Una vez concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios se procederá a la votación, que será nominal y pública, por llamamiento, y en la que previsiblemente María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y de Vox.

Cabe recordar que el segundo debate de investidura de María Guardiola tras las elecciones del pasado 21 de diciembre ha sido convocado después de que la semana pasada se alcanzase un acuerdo de gobierno de coalición entre el PP y Vox en la comunidad, y que consta de 61 puntos y 74 medidas.

Además, en virtud de dicho acuerdo, Vox asumirá la Consejería de Servicios Sociales, que tendrá rango de Vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura en el Ejecutivo regional, además del senador autonómico.