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Amnistía Internacional pide que la vivienda social en Vigo llegue al 15% y que el Concello desarrolle un Plan de Derechos Humanos

Señalan en cartas enviadas al Concello y la Delegación que el incendio de la pasada semana manifiesta esta necesidad

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Amnistía Internacional ha remitido al Concello de Vigo y a la Delegada de la Xunta en la ciudad dos cartas en las que solicitan "un plan plurianual que garantice el incremento progresivo del parque mínimo de vivienda destinado a políticas sociales, incluyendo el alquiler social y un calendario para alcanzar el estándar europeo del 15% de vivienda social del parque municipal de viviendas en Vigo".

En un comunicado enviado a medios señalan que el incendio que la semana pasada costó la vida a una madre y tres de sus hijos en la calle Alfonso X en Vigo, además de numerosos heridos que siguen recuperándose "pone de manifiesto la necesidad urgente de este plan", destaca Isabel Flores, coordinadora de AI en Vigo.

Flores señala que "la vivienda es un derecho humano y debe ser alcanzable, no es un bien para la inversión o un producto de lujo" e indica que "la vivienda social es clave para garantizar el acceso a vivienda cuando las condiciones del mercado inmobiliario son un obstáculo insalvable para personas en situación de vulnerabilidad".

En el mismo comunicado señala la ONG que España cuenta con un 2,5% de vivienda social en su parque inmobiliario, por debajo del 9% en el que se sitúa la media de países europeos. En este ranking España solo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre, y está muy lejos de países como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (21%).

El precio de alquiler, principal obstáculo

La nota destaca los datos del Observatorio de la Vivienda en Galicia, dependiente de la Xunta, que indica que la subida del precio del alquiler, con 590€ de media en Vigo, el aumento de vivienda dedicada exclusivamente a uso turístico en la ciudad y el aumento de los desahucios son los principales obstáculos del acceso al alquiler en Vigo, según Amnistía Internacional.

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La ONG reclama que el Concello ponga en marcha una serie de medidas para garantizar el acceso a vivienda, sobre todo de los colectivos más vulnerables, tales como:

Establecer un registro actualizado de viviendas vacías disponibles, aplicar control de precios a los alquileres de las zonas etiquetadas como "tensionadas" según la Ley estatal de vivienda, garantizar que los desahucios no dejan a los afectados en situación de calle "ofreciendo una alternativa habitacional adecuada pública", aplicando la perspectiva de género en las políticas de vivienda locales.

Plan municipal de Derechos Humanos

En la misma misiva, desde Amnistía Internacional solicitan tanto al Gobierno municipal como a la oposición en el Concello a que "elaboren un Plan Municipal de Derechos Humanos que cuenta con la dotación presupuestaria y de recursos suficientes" que aborde un plan de acción ante la crisis climática, protocolos de respuesta municipal ante la violencia de género, un protocolo para la actuación policial para la prevención del uso excesivo de la fuerza y el racismo y un plan de reasentamiento de personas refugiadas, entre otras medidas.

 
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