Las claves de la reforma de la ley del aborto: deja fuera bajar el IVA en compresas y tampones y perseguir a quien acude a un vientre de alquiler en el extranjero
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto
Madrid
Tras meses de negociaciones en el seno del Ejecutivo, este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de reforma de la ley del aborto. El Ministerio de Igualdad quiere tramitar la norma por el procedimiento de urgencia para que pueda entrar en vigor el año que viene y contempla, entre otras medidas, las bajas por menstruaciones dolorosas, un derecho que no está reconocido en ningún otro país europeo. "Es una ley que representa muy bien este gobierno de coalición. Somos el primer país de Europa que comienza a hablar de esto", explicó el lunes en la SER la ministra de Igualdad, Irene Montero, que este martes ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "su apuesta para que este sea un gobierno feminista" que se sitúa en la vanguardia de los derechos de las mujeres a nivel internacional. "Con este Gobierno las mujeres van a poder desarrollar sus proyectos de vida", ha sentenciado.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que esta ley supone "un nuevo avance para nuestra democracia" y ha recordado que este gobierno fue el que devolvió el derecho a la reproducción asistida a las mujeres monoparentales y parejas homosexuales. Una de las medidas que se ha quedado en el tintero en esta ocasión es la reducción del IVA en los productos de higiene femenina, pero la ministra de Igualdad ha remitido a los próximos Presupuestos Generales del Estado para poder hacerlo efectivo. Montero estima que la batería de reformas que se van a llevar a cabo esta vez supondrán una inversión de 104 millones de euros. Concretamente el permiso preparto en la semana 39 ascenderá a unos 57 millones de euros, las bajas por reglas incapacitantes, unos 23,8 millones, y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.
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Las claves de la reforma
- Garantía de acceso al aborto en el hospital público más cercano a su domicilio. Se creará un registro de objetores de conciencia que permita organizar los servicios (De las 88.269 interrupciones voluntarias del embarazo notificadas en 2020, el 84,5% fueron realizadas en centros privados. Doce provincias no han notificado ningún aborto en los últimos cinco años, tampoco en clínicas privadas).
- Fin de la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años.
- Desaparece el plazo de reflexión de tres días y la obligación de entregar a la mujer, si no lo pide, el sobre que se entrega con información sobre ayudas y recursos disponibles para no abortar.
- Baja laboral por reglas incapacitantes (asumida por la Seguridad Social desde el primer día y sin duración máxima). En la ley se van a glosar todas las patologías que suelen conllevar dolores fuertes de menstruación.
- Permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo (y no desde la semana 36 de gestación como quería Igualdad).
- Distribución gratuita de productos de higiene femenina en centros educativos, penitenciarios o vinculados a servicios sociales.
- La objeción de conciencia se garantizará como un derecho individual pero se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
- Los centros de salud distribuirán la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva. (Ahora vale 20€ en farmacia).
- Las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social.
- Se promoverán los métodos anticonceptivos masculinos, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.
- Se considerará como violencias reproductivas contra las mujeres: la gestación por substitución (vientres de alquiler), la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad y los embarazos y abortos forzosos.
- Se garantiza la educación sexual de la mujer a lo largo de toda la vida y será obligatoria en todas las etapas educativas para, entre otras cosas, "conocer mejor nuestros cuerpos, poner el consentimiento en el centro en todas nuestras relaciones y conocer los distintos métodos anticonceptivos".
Lo que se queda fuera
- La reducción del IVA de compresas y tampones. A pesar de que el IVA superreducido del 4% para los productos de higiene femenina está en el acuerdo de coalición que firmaron el PSOE y Podemos, la propuesta ha quedado aparcada.
- La persecución a aquellas personas que traten de marcharse al extranjero para adquirir los servicios de un vientre de alquiler. La ley sí contempla prohibir la publicidad de las empresas de intermediación para llevar a cabo esta práctica que, como ha recordado la ministra, "no es legal en nuestro país".