Qué es la tercería locativa, el punto más discutido de la ley de libertad sexual

El concepto de tercería locativa ha sido uno de los más discutidos este jueves en la sesión del Congreso que ha debatido la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí'. El primer borrador de la norma no incluía este término, pero el PSOE lo introdujo en una enmienda que planteaba medidas abolicionistas contra la prostitución. Finalmente, ha quedado fuera del texto legislativo.

La tercería locativa es una figura jurídica que alude al lucro de quien proporciona un lugar en el que la persona prostituida realiza su actividad sexual. En otras palabras, hace referencia a la responsabilidad penal de quien obtiene beneficios por alquilar un inmueble —bien sea una vivienda, una habitación, un bar, un gimnasio o un hotel— en el que se ejerce la prostitución.

Esta figura jurídica se incluía ya en el Código Penal franquista y permaneció en él hasta 1995. El último marco penal en hablar de tercería locativa fue el de 1973, que recogía sanciones para el "amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación". La frase aparecía en el apartado 'd' del artículo 452 bis, que se eliminó del Código Penal tras su reforma en el 95.

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En su texto, el PSOE planteaba reintroducir esta figura como forma acabar con uno de los resquicios legales más habituales de los proxenetas, que tradicionalmente se escudan en que sólo alquilan habitaciones. Según el criterio socialista, la tercería locativa configura "una modalidad agravada del delito de proxenetismo" y, por tanto, debe acarrear un aumento de la pena. El actual Código Penal contempla la clausura temporal o permanente de estos inmuebles, pero el segundo borrador de la ley proponía, además, penas de prisión de uno a tres años y multas de seis a 18 meses.

Punto de fricción entre el Gobierno y sus socios

No obstante, esta medida no convencía a formaciones como ERC, EH Bildu, CUP, Junts, Ciudadanos o PNV, en algunos casos por incompatibilidad con su posición sobre la prostitución; y en otros, porque consideraban más conveniente que la prostitución se aborde de forma específica en una norma aparte. La cuestión se discutió en la Comisión de Igualdad del Congreso, de la que salió una enmienda —impulsada por el PNV— que excluía del anteproyecto los dos artículos que hacían referencia a la tercería locativa.

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"Que las mujeres decidamos cómo deben vivir las otras es lo menos feminista que hay", ha argumentado este jueves Pilar Vallugera, representante de ERC en el Congreso. Por su parte, la representante socialista Laura Berja Vera ha lanzado un dardo a sus socios de Gobierno: "Esta ley se queda corta porque no se da respuesta a las víctimas de la prostitución".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha intervenido al final del debate para agradecer a los diputados que han formado parte de la negociación de la norma. A ellos les ha agradecido "trabajar de forma constructiva para alcanzar pactos más amplios". Pese a las trabas, el Congreso ha dado luz verde a la ley, con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de la CUP. El texto tendrá que pasar ahora por el Senado para su aprobación definitiva.