La investigación a Rajoy en Andorra apunta a la intervención de altas instituciones españolas en un operativo de chantaje y extorsión contra el independentismo

El sumario íntegro de la causa que se sigue en Andorra contra el expresidente Mariano Rajoy y varios ministros, imputados por las presuntas presiones ilícitas y el chantaje para la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, el Banco de Madrid, con el supuesto objetivo de obtener las cuentas de los líderes independentistas, a cuyo contenido ha accedido la SER, desvela la existencia de indicios sólidos de la participación de altas instituciones del Estado español en el operativo. La unidad de la policía política al servicio del Gobierno de Rajoy conocía decisiones como las intervenciones de los bancos o ventas a empresas específicas, meses antes de que fueran adoptadas por la cúpula del Ejecutivo, única autoridad que podía llevarlas a cabo. En el Congreso, varias formaciones como ERC, PdeCat, la CUP o Bildu han solicitado la creación de una comisión de investigación de este asunto. El sumario incluye declaraciones y grabaciones como la efectuada por el Consejero Delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, a un representante diplomático español el 3 de junio de 2014, nueve meses antes de la intervención del banco. Miquel recibe a Celestino Barroso, inspector jefe de la Policía Nacional y agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, quien le comunica que es el “portador de un mensaje de Madrid”. A continuación, Barroso añade que “me han dicho que le comunique lo siguiente: El Banco de España va a hacer una inspección al Banco de Madrid, y se lo van a cargar. Y hay una empresa americana dispuesta a comprar el banco en cuanto el Banco de España se cargue al Banco de Madrid. Pero ellos me transmiten que depende de ustedes que esto se quede en nada, que se pare la inspección y que todo siga como está en la actualidad. Siempre y cuando ustedes accedan a algo que yo no sé”. Ante la sorpresa de Miquel, que defiende la honestidad del banco, el representante diplomático español insiste en que “el Banco de España se va a cargar Banco Madrid y hay americanos dispuestos a hacerse cargo una vez que el Banco de España dé el hachazo, y que todo eso se puede paralizar siempre y cuando ustedes accedan…, que está en su mano pararlo. En su mano. Qué se les va a pedir, no lo sé”. El agregado de Interior en la embajada española conmina al CEO de la BPA a entrevistarse en Madrid con “Félix Rodríguez como representante del Estado español” para que le detallara cómo podrían detener la intervención, y se compromete a facilitar el encuentro, según el SMS que consta en el sumario y que pueden ver en cadenaser.com. Félix Rodríguez no es otro que el alias utilizado por el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos y uno de los principales responsables de la policía política, el imputado en Kitchen y esta causa, Marcelino Martín Blas, con quien según declara a la juez el CEO de la BPA, se reúne en el Hotel Villamagna de Madrid el 6 de junio de 2014 y que le espeta que “el Estado español está en guerra contra el nacionalismo catalán” y que quería información sobre “Artur Mas, Oriol Junqueras y Jordi Pujol”. Siempre según Joan Pau Miquel, Martín Blas le manifestaba “continuamente” que “se iban a cargar el banco”, que los “americanos estaban esperando”, que “estaba todo hecho y que se trataba de deshacer”, para evitar la intervención, facilitando los datos de los líderes independentistas que la BPA no podía trasladar porque ni Mas ni Junqueras tenían cuentas en esa entidad. Marcelino Martín Blas ha declarado en dos ocasiones en Andorra y la SER ha accedido al contenido de sus comparecencias. Ha negado que supiera “nada de la Banca Andorrana”, que hubiera “investigado a los Pujol” o que utilizase jamás el alias “Félix”. Pero el responsable de la policía política mintió según los audios de Villarejo publicados por El País. En una conversación de marzo de 2014, tres meses antes de que se reuniera con el responsable de la BPA, Martín Blas admite ante el DAO Eugenio Pino y el comisario Villarejo que dispone de información del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales sobre la BPA, habla de “filtrar” información sobre los gobiernos de Pujol, o de lo “calentito” que estaba el “tema de Andorra”. Además, Martín Blas, en contra de lo que afirmó tanto al parlamento de Cataluña en una comisión de investigación, como a la juez de Andorra, admitió de forma espontánea y en tono jocoso en aquella conversación que él empleaba la “identidad de Félix” en operaciones encubiertas. Como “el gato”, le responde Villarejo entre carcajadas. Los investigadores apuntan también que el Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), institución norteamericana contra el blanqueo cuyo informe sobre la BPA fue decisivo para la intervención de este banco y su filial en marzo de 2015, fue manipulado por el estado español con datos falsos sobre operaciones de blanqueo de los casos Emperador, Petrov y Petroli. Las sucesivas investigaciones demostraron que ni uno solo de los investigados en esos operativos blanqueó dinero en las entidades bajo sospecha, pero Luis de Guindos, ministro de Economía, ya había dado la orden de intervención y el banco quebró. Los restos de la entidad fueron vendidos a un fondo buitre norteamericano, JC Flowes, tal y como había vaticinado casi un año antes al CEO de la BPA el agregado de la embajada española. El 19 de febrero de 2016, una vez ejecutada la operación, la institución estadounidense contra el blanqueo, el FINCEN, retiró su acusación de blanqueo contra la BPA y el Banco de Madrid. Para justificar la intervención, las autoridades españolas acusaron al Banco de Madrid de estar dedicado al blanqueo. De sus 9.300 clientes, los procedimientos judiciales posteriores solo han podido demostrar un caso de blanqueo de capitales, han archivado las causas contra la entidad y sentenciado que disponía de metodología y estructura en la lucha contra el lavado de dinero en consonancia con las exigencias internacionales. Además de la acusación contra el expresidente Mariano Rajoy o los ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, los perjudicados reclaman en Andorra que España sea considerada responsable civil subsidiaria por el cierre de las entidades y abone 141 millones de euros. ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, PdeCat, la CUP y BNG, han registrado una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña.