La España de las casas cerradas

Angi y Bernat querían algo aparentemente sencillo: alquilar una pequeña casa en un pueblo y cultivar su propia huerta. Habían oído hablar tanto de zonas despobladas, de casas vacías y de municipios que necesitaban vecinos, que nunca creyeron que fueran a tardar más de cinco años en conseguirlo. ¿El problema? Se encontraron “con dos de los problemas más importantes de este país: el acceso a la vivienda y a la tierra”, reflexionan ambos en el pequeño ático donde viven provisionalmente en el pueblo de Vallbona (Lleida).

Su caso no es único, ejemplifica la dificultad con la que se encuentran aquellos que quieren mudarse a un pueblo o incluso de jóvenes que desean emanciparse de sus padres y no encuentran viviendas de alquiler en los pequeños núcleos urbanos. “En la ciudad la urgencia es la gente que se queda sin casa. Aquí el problema está en las casas que se quedan sin gente”, opina Sebastià Mata, conseller de repoblación en la comarca de Urgell, en Lleida. Él lleva años viendo cómo en Maldà, un pequeño pueblo de 225 habitantes, hay más de 60 casas vacías. Viviendas que ya nadie visita, ni habita, que se degradan con el paso del tiempo y tampoco se venden ni se alquilan.

Detrás de esas persianas cerradas no suelen esconderse grandes fondos de inversión. Los propietarios son familias que normalmente sienten una fuerte vinculación emocional con la vivienda y prefieren mantener “la casa del abuelo” como un pequeño museo que se degrada con el paso del tiempo sin que nadie lo habite. “Hay muchos miedos detrás de vender la casa o ponerla en alquiler. El rendimiento económico es muy bajo, y como muchas viviendas están en mal estado, ponerlas en alquiler también es un riesgo para los inquilinos”, explica Sebastià.

Frente a esta situación, en algunas zonas ya se están llevando a cabo soluciones intermedias que ayudan a desenquistar el problema. Una de ellas es lo que en Catalunya se conoce como “masoveria urbana”. Antiguamente la masoveria se practicaba cuando el propietario de una finca le daba el derecho a una familia a vivir en su casa a cambio de trabajarle la tierra. Ahora, la idea es que el propietario de una casa desocupada le permita a una persona entrar en su vivienda con el compromiso de reformar o mantener la casa en buenas condiciones con un alquiler bajo o simbólico. La administración, propone Sebastià, podría hacer de mediador entre los propietarios y los posibles inquilinos, ayudando en la reforma de las casas y dando seguridad jurídica como ocurre en caso de la vivienda social.