La reducción del 15% del consumo de gas divide a Europa: los países del sur se rebelan, con España a la cabeza, y exigen cambios

"No estamos dispuestos a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto". Así de tajante se ha mostrado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este jueves en los micrófonos de Hoy por Hoy, tras ser preguntada por la de la petición de Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas. La realidad es que esta propuesta, emitida por la UE el miércoles, ha provocado el rechazo frontal de los países del sur de Europa, y podría amenazar la estabilidad de los Veintesiete, aunque todas las partes confían en resolver sus diferencias en la reunión que hay prevista el próximo martes para validar la medida, en la que están convocados todos los ministros de Energía -Transición Ecológica para el caso español-.

La propuesta de la Comisión Europea consiste en una petición, no obligación, de que todos los Estados Miembros reduzcan un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene, sin importar su grado de dependencia en el gas ruso. Transcurrido este periodo, si no se ha cumplido el objetivo de manera voluntaria, la petición se traducirá en obligación. Tal y como ha señalado Griselda Pastor, corresponsal comunitaria de la Cadena SER, desde Bruselas aluden al principio de solidaridad que ya ha funcionado en el pasado, poniendo como ejemplo el reparto de fondos europeos, en el que España fue el mayor beneficiado.

Esta medida comenzó a sonar con fuerza tras ser propuesta por los expertos del thinktank Bruegel, pero estos apuntaban a una reducción del consumo gasísitico proporcional, de forma que, por ejemplo, los países bálticos deberían bajarlo un 54% mientras que España, Portugal o incluso Francia apenas tendrían que hacerlo. Bruselas ha optado por un recorte igualitario ya que confían en que, de esta forma, la cuantía de gas que dejarán de recibir algunos países podrá ser redistribuida a aquellos estados que actualmente tienen escasez, como es el caso de Alemania. Sin embargo, aún está por ver cómo se aplicaría este proceso en la práctica, ya que la capacidad técnica de recepción de gas exige unas infraestructuras mínimas que no todos tienen actualmente.

Así, antes de que la medida entre en vigor, España, Portugal y Grecia se han unido para mostrar su firme oposición. Estos tres países del sur de Europa, a los que previsiblemente se unirá Italia cuando supere su terremoto político interno, quieren mostrar unidad y, con España a la cabeza, pretenden dar la batalla en Bruselas. En primer lugar, recriminan a la Comisión Europea no haberles consultado la medida antes de lanzarla, pero su principal argumento es que no se debe exigir el mismo recorte a todos los países.

El secretario de Estado de Medio Ambiente y Energía portugués, João Galamba, lo ha explicado de forma clara en el diario 'Público', con sede en Lisboa. Hace apenas unas semanas, Portugal y España firmaron la excepción ibérica, una medida que permite poner un precio máximo al gas destinado a la generación eléctrica. Esta propuesta se aprobó debido a que se reconocía que la península ibérica no contaba con las suficientes conexiones enérgeticas con el resto del Viejo Continente.

Así, Galamba ha destacado que esta circunstancia les ha obligado a comprar gas "siempre más caro" durante muchos años, por lo que califica de "caricaturesca" la exigencia de solidaridad a unos países que "siempre han sido perjudicado años y años por no tener interconexiones". También incide en que, la reducción del consumo de gas en su país no significaría un incremento en otros estados, porque no habría forma posible de transportar ese gas restante a otros estados miembro.

Los países acostumbrados a recibir, 'obligados' a pagar y viceversa

Ante este previsible choque de puntos de vista, Griselda Pastor señala que desde el seno de la UE asumen el argumento de los países del sur como un punto de partida en la negociación del próximo martes, mientras que al mismo tiempo no esconden que la medida se toma principalmente para evitar que Alemania entre en una gran recesión. Así, el debate de fondo que se percibe es si los países del sur, acostumbrados a ser los principales beneficiarios de las ayudas comunitarias, responden ahora a la petición de solidaridad que proponen los países que normalmente financian parte de esos fondos.

El mayor ejemplo al que aluden en Bruselas es el reparto de los Fondos Europeos de Recuperación Covid, en el que España, Italia y Portugal fueron -y siguen siendo- los mayores beneficiarios. Mientras que con ese dinero se está ayudando a amortiguar el impacto que provocó la pandemia en la economía, y ahora también el de la guerra de Ucrania, desde el corazón de Europa piden ahora que se responda de la misma manera con el suministro de gas.

De esta forma, en los próximos días se conocerá la capacidad que tienen los países del sur para hacer valer su argumentario ante el resto de las principales potencias económicas europeas. Defienden la solidaridad con el resto de estados, pero "para poder ser eficaces en la respuesta hay que plantear cómo hacer las cosas mejor", tal y como ha argumentado la vicepresidenta Ribera este jueves.

Al mismo tiempo, en la UE confían en seducir a los responsables energéticos de estos países para que la medida comience a aplicarse con la mayor celeridad posible, ya que el temor a un corte de gas ruso por el Nord Stream es muy alto y desconfían de la palabra de Putin, quien sigue defiendo que es un proveedor fiable. Además, con esta decisión buscan fortalecer aún más la unión entre los Veintisiete, que comenzó a resurgir con la llegada de la pandemia, tras atravesar una etapa de gran división a raíz de la crisis económica que comenzó en 2008 y cuyos efectos perduraron durante cerca de 10 años. Enterrar definitivamente esa fase de fragmentación también está en juego.