Las residencias de ancianos, la lección olvidada de la pandemia

Antes de que comenzara la pandemia, alrededor de 334.000 ancianos vivían en residencias en España, el 70% de ellas privadas. Hasta la fecha, según los últimos datos actualizados por el IMSERSO, el coronavirus ha acabado con la vida de 34.259 mayores, lo que supone algo más del 10% de la población que residía en este tipo de centros. Esta cifra representa el 30% del total de fallecidos en España a causa del COVID, que son más de 113.700 oficialmente a día de hoy. Madrid (con 6.889 muertos), Cataluña (con 6.124) y Castilla y León (con 4.407 fallecidos) son las tres comunidades con mayor mortalidad en las residencias. De hecho, entre las tres, acumulan más de la mitad de los mayores muertos en todos los centros de mayores de España. Sin embargo, pese a la magnitud de la tragedia y a todas las deficiencias en el modelo de gestión que el COVID desnudó, apenas ha habido cambios en estos centros, más allá de los protocolos de visita y aislamiento en caso de contagio. Actualmente, 315.000 ancianos viven en residencias y casi el 90% de ellos, 277.000 ha tenido el virus, según las estadísticas del IMSERSO. No hay ningún colectivo social que se acerque siquiera a unas tasas de contagio tan elevadas como las de nuestros mayores en este tipo de centros. A través de la red de emisoras de la SER, puesto que las competencias en residencias son autonómicas, hemos comprobado cómo los prometidos propósitos de enmienda que se hicieron en el momento álgido de la pandemia, todavía no han pasado de la teoría a la práctica. En Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria o Murcia admiten estar elaborando propuestas que aún no han visto siquiera la luz. El resto de comunidades autónomas dicen estar empezando a aplicar medidas como hacer residencias más pequeñas, con unidades de convivencia más reducidas, más habitaciones individuales, mayores ratios de personal al cuidado de los mayores, mejores condiciones laborales de los trabajadores, etc. Pero estas medidas distan mucho de ser generalizadas. Se circunscriben a proyectos piloto o a iniciativas que se deben poner en marcha en los próximos meses o años. En Aragón, incluso se creó una comisión de investigación para cambiar el modelo residencial de los mayores. Trabajó durante 8 meses. En mayo de 2021 terminó con la elaboración de las conclusiones sobre lo que había que hacer. Casi año y medio después, no se ha hecho nada. A finales del pasado mes de junio, el Gobierno y las comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Territorial de Derechos Sociales la implantación de un nuevo modelo de gestión de las residencias. Salió adelante por la mínima, con la oposición de las comunidades gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha, Euskadi y Cataluña, y con un plazo de ejecución entre 2023 y 2029. Entre otras cosas plantea residencias más pequeñas, con menos ancianos, con la aspiración de llegar a un trabajador por cada dos mayores ingresados, que se parezcan más a un hogar. Sin embargo, nada de eso ha empezado a ver la luz todavía. Pese a la gravedad de lo que sucedió en algunas residencias, hasta la fecha no se ha depurado ninguna responsabilidad penal por lo que sucedió. Se han presentado denuncias en varias comunidades autónomas pero, hasta la fecha, la mayoría se han archivado. No obstante, hay tres denuncias muy graves que todavía están en los tribunales contra otras tantas residencias: una en Premiá de Mar, en Barcelona, donde murieron 96 ancianos, otra en localidad alicantina de Alcoi, donde fallecieron 77, y otra de Lleida, en la que perdieron la vida 64 mayores. En las dos residencias de Cataluña se imputa a los gestores, entre otros, el delito de homicidio imprudente. También ha habido expedientes sancionadores abiertos por casi todos los Ejecutivos autonómicos a decenas de residencias de toda España por distintos incumplimientos de la ley que han acabado la mayoría en sanciones económicas y en un par de casos concretos, en Andalucía y Extremadura, en el cierre del centro. En el terreno político, tampoco se han depurado responsabilidades en ninguna comunidad autónoma. Ha habido algunas destituciones de directores generales en algunas comunidades, pero los gobiernos regionales las desvinculan de lo ocurrido en la pandemia. Sólo ha habido una comisión de investigación. Fue en Madrid y en cuanto Isabel Díaz Ayuso arrasó en las elecciones, con la ayuda de Vox, ya no se retomó. Precisamente en Madrid, en octubre de 2020 dimitió el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, por su mala sintonía con Ayuso y su consejero de Sanidad a los que se enfrentó por la manera en la que se estaba gestionando la crisis. Reyero va a publicar en un par de semanas un libro para contar cómo lo vivió que se titula Morirán de forma indigna, que es la frase que le dijo al consejero de Sanidad por lo que estaba pasando con los mayores en las residencias.

Las residencias de ancianos, la lección olvidada de la pandemia

Dos años y medio después de que el COVID empezara a causar estragos en los centros de mayores, apenas ha habido cambios en el modelo de cuidados a la tercera edad, no se han depurado responsabilidades penales ni tampoco políticas por lo que pasó

Miguel Á. Muñoz Encinas

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