El Gobierno aprobará una ley para endurecer las puertas giratorias y regular los 'lobbies'

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el «Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés», una norma con la que se quiere cubrir el importante vacío legal que desde hace años vienen denunciando tanto colectivos de la sociedad civil, como organizaciones comunitarias e internacionales especializadas en esta materia. La intención del Ejecutivo es elevar los estándares de rendición de cuentas «facilitando a la ciudadanía un mayor conocimiento sobre los comportamientos que inciden en las instituciones y en las autoridades públicas». El borrador, al que ha tenido acceso la Cadena SER, endurece además la legislación sobre puertas giratorias. Se impide que cualquier alto cargo de la Administración -o de su sector público- pueda realizar, tras su cese, labores profesionales de influencia desde empresas o consultoras de asuntos públicos, los denominados «lobbies». Los Ministros, Secretarios de Estado, Delegados del Gobierno, entre otros, tendrán que pasar un periodo de enfriamiento de dos años para poder dedicarse a esas tareas relacionadas con sus competencias anteriores como altos cargos. Las asesorías o los departamentos de relaciones institucionales son una salida profesional muy común para los miembros del Gobierno una vez que dejan la política. Los ejemplos se dan de izquierda a derecha del espectro ideológico. El exministro socialista José Blanco fundó en 2019 una de las consultoras de asuntos públicos que acoge en su equipo a antiguos dirigentes del PP y del PSOE indistintamente; desde Alfonso Alonso a Valeriano Gómez o Elena Valenciano. Un año después de abandonar el Gobierno de Mariano Rajoy, el exministro de Justicia Rafael Catalá fichó como asesor de una gran empresa de apuestas deportivas. Jordi Sevilla o José Manuel Soria engrosan la lista de ex altos cargos que han encontrado acomodo en grupos de presión. La norma que el Ejecutivo prevé aprobar contempla sanciones como devolver la compensación por cese -en el caso de haberla recibido- o la inhabilitación durante un periodo de entre 5 y 10 años a los altos cargos que incumplan este nuevo régimen de incompatibilidades. Pero al margen de endurecer las «puertas giratorias», el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, regula las funciones de esos «lobbies». La ley define por primera vez el concepto de grupo de interés y redacta un código de conducta en sus relaciones con políticos o funcionarios. Todas las personas o empresas que «tengan como finalidad intervenir en la toma de decisiones públicas o en el diseño de leyes», deberán formar parte de un registro oficial para poder comunicarse «de forma directa o indirecta» con el personal de la alta Administración. Ese registro, dependiente de la Oficina de Conflictos de Intereses, recogerá detalles como la relación de personas que forman parte del grupo de presión, ámbitos de influencia y de financiación, además del importe y origen de los fondos públicos que reciban. Si la actividad se realiza en representación de terceros, también tendrán que revelar su identidad y la cantidad de dinero que pagan por ese concepto. Los «lobbies» legalmente inscritos tendrán la obligación de difundir «las reuniones y audiencias mantenidas con el personal público, así como las comunicaciones y los informes sobre las materias tratadas». El borrador contempla un código de conducta con doce principios que deben cumplir a la hora de relacionarse con los miembros del Gobierno o altos cargos del sector público estatal. No podrán ofrecer regalos, ni favores o servicios en condiciones ventajosas. Tampoco se podrá difundir la información confidencial que pudieran conocer en el ejercicio de su actividad o influir de manera ilícita en la toma de decisiones ni recurriendo a «una presión abusiva» o representar intereses contradictorios o adversos«». Antes de celebrar cualquier encuentro, comunicación o evento con los grupos de interés, los representantes públicos deberán comprobar que forman parte del registro oficial. Según el texto, el personal que ostente la condición de alto cargo, tendrá la obligación de hacer pública su agenda oficial en el Portal de Transparencia. La norma detalla que por agenda pública se entiende toda la relación de asuntos o compromisos soportada en cuadernos, dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que sirva para anotar, hacer seguimiento y reflejar la actividad de los miembros del Gobierno y de la Administración General relacionada con la toma de decisiones, la gestión y manejo de fondos o recursos públicos. La futura ley incluye la obligación de incorporar a cualquier norma el denominado «informe de huella legislativa», en el que deberán quedar plasmadas las aportaciones realizadas, en su caso, por los grupos de interés que participen en el proceso de elaboración de ese texto. Un documento que incluirá la fecha de los contactos mantenidos, el objeto y la postura y pretensiones mantenidas por el profesional del «lobby».

El Gobierno aprobará una ley para endurecer las puertas giratorias y regular los 'lobbies'

Según el borrador del texto, al que ha tenido acceso la Cadena SER, los conocidos como 'lobbies' estarán obligados a formar parte de un registro oficial

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