Denuncian que casi todas las comunidades están cobrando a los migrantes por la atención sanitaria

Un informe de la organización 'Yo Sí Sanidad Universal' revela que en 14 autonomías los migrantes que llevan menos de 90 días en España no pueden ir al médico de forma gratuita, ni cuando se trata de mujeres embarazadas o menores

Personal de Emergencias junto a un migrante, en el puerto de Arguineguin (Islas Canarias) el 18 de noviembre de 2021 / LLUIS GENE

Cadena SER29/11/2022 - 19:09 UTC

Catorce comunidades españolas no están cumpliendo el principio de universalidad en la Sanidad recuperado en 2018 por el Gobierno socialista vía Real Decreto-Ley, que obliga a los servicios sanitarios de todas las comunidades a ofrecer atención gratuita de urgencia a las personas migrantes. Únicamente Cataluña, Andalucía o Asturias cumplen, en la mayoría de los casos, con el deber de brindar atención sin coste a estas personas.

La desigualdad entre regiones en el acceso a la Sanidad ha sido revelado por un estudio elaborado por la organización 'Yo Sí Sanidad Universal' que ha analizado cómo ha sido la transposición realizada por las 17 comunidades y Melilla del real decreto. Madrid y Canarias se colocan como las que más trabas ponen al acceso de los migrantes a la atención sanitaria. El informe recoge cómo quince autonomías cobran estos servicios sistemáticamente o se da un aviso previo de que les cobrarán las pruebas realizadas (como ocurre, principalmente, en Euskadi), lo que supone un "claro efecto disuasorio".

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El problema nace en el Real Decreto-Ley de 2018

Las dificultades para una aplicación homogénea de la universalidad del acceso al Servicio Nacional de Salud (SNS) tienen su origen en la propia redacción de la ley. El Real-Decreto Ley de 2018 no incluía la necesidad llevar más de 90 días en España para poder acceder a este derecho. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad, que dirige la socialista Carolina Darias, sí que incluyo este requisito en el documento remitido a los servicios sanitarios autonómicos para la aplicación reglamentaria de la norma.

La legislación al respecto desarrollada por cada gobierno autonómico no establece la forma en que los migrantes pueden acreditar su identidad y que residen en territorio sin utilizar el pasaporte o el padrón. Las leyes autonómicas tampoco aclaran cómo pueden recibir asistencia aquellas personas que estén en proceso de que se les reconozca el derecho a la asistencia.

Ocho comunidades incluyen, sin embargo, mecanismos para que puedan ser atendidos los que lleven menos de 90 días en nuestro país, entre ellas Cataluña, Baleares, Castilla La-Mancha y Andalucía. Este desajuste normativo ha derivado en que catorce autonomías estén cobrando por la atención sanitaria a los migrantes que no puedan acreditar una estancia de, al menos, 90 días en nuestro país.

El Real-Decreto Ley presenta otra incongruencia en su texto. No se recoge nada respecto a la cobertura pública de embarazadas y menores, como sí lo hacía el Real-Decreto Ley de 2012, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, en el que se limitaba el acceso a la sanidad pública de los migrantes, pero que mantenía la atención para mujeres embarazadas y menores de edad. El hecho de que en el texto no haya mención a este colectivo ha provocado que la mayoría de las comunidades les nieguen la atención. "Todas hacen un incumplimiento fragante de la ley", han denunciado los portavoces de la organización.

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También se niega la atención a las familias reagrupados

Catorce comunidades autónomas excluyen de la asistencia a los familiares reagrupados. La única opción que tienen, con ello, es contratar un convenio con los sanidades regionales que cuesta entre 60 y 175 euros, y que exige además un año de empadronamiento y el pago del precio total de los medicamentos.

Otro de los problemas es la creación de perfiles poblacionales y las diferentes vías de acceso, que facilita la arbitrariedad en la interpretación de los procedimientos para la obtención del documento que confirma que se cumplen los requisitos para el acceso, que en muchos casos se prolonga más allá de un año por las barreras administrativas. En once autonomías, el documento certificatorio no es una tarjeta sanitaria, sino "una hoja de papel" que, sostiene, agrava el tratamiento discriminatorio. "Los centros de salud se han convertido en espacios de control de extranjería", censuran desde 'Yo Sí Sanidad Universal'.