Arreón legislativo del Gobierno en el final de año

El bloque de Gobierno ha arriesgado exponiendo al éxito o al fracaso, antes de final de año un gran número de iniciativas legislativas: la ley trans, la de bienestar animal, la de universidades pero, sobre todo, la reforma de los delitos de sedición y malversación que este jueves salió adelante definitivamente en el Senado con el bloque de investidura unido. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de Transposición de Directivas Europeas y otras Disposiciones para la Adaptación de la Legislación Penal al Ordenamiento de la Unión Europea, y Reforma de los Delitos contra la Integridad Moral, Desórdenes Públicos y Contrabando de Armas de Doble Uso. El Senado votó este jueves y aprobó el texto definitivo de esta reforma del Código Penal que implica, entre otros aspectos, la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación. Tanto el PP, como Vox y Ciudadanos, han criticado y rechazado esta modificación legislativa, por entender que se hace expresamente para favorecer a los condenados por organizar y celebrar el referéndum independentista de 2017 en Cataluña y a aquellos que no han sido juzgados por esos hechos al abandonar España para huir de la acción de la justicia. Sin embargo, el Gobierno, que ha sacado adelante la reforma con el apoyo de los grupos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, argumenta que es necesaria para adaptar el Código Penal a la legislación que emana de la UE y los ordenamientos jurídicos de otros países europeos. De hecho, en el preámbulo de la nueva norma se explica que “la presente ley pretende afrontar algunos de los retos pendientes en la legislación penal española, en relación con ciertos tipos y penas que la evolución social, la experiencia y el Derecho comparado invitan a revisar desde hace mucho tiempo”. “Algunos de esos tipos y penas presentes en nuestra legislación penal responden aún a realidades sociales y configuraciones doctrinales propias de hace dos siglos. Es tiempo ya, por tanto, para que el ordenamiento jurídico español actualice ciertas definiciones, en cuanto a los comportamientos delictivos y a las respuestas adecuadas en las sociedades del siglo XXI, señala. Sobre la sedición, asegura que “la presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al funcionamiento de la mencionada cooperación judicial y de seguridad. Esta ley busca dar solución a buena parte de estas dificultades y desafíos”. Respecto a la malversación, el texto distingue entre tres niveles: la apropiación de fondos por parte del autor o que éste consienta su apropiación por terceras personas (artículo 432), que integra la conducta más grave y contiene diversas agravaciones; el uso temporal de bienes públicos sin ‘animus rem sibi habendi’ y con su posterior reintegro (artículo 432 bis), y un desvío presupuestario o gastos de difícil justificación (artículo 433).Asegura el preámbulo que, de este modo, la apropiación de caudales públicos queda castigada como en la actualidad, mientras que los desvíos presupuestarios tendrán una pena más leve, “pero en todo caso implicarán pena de prisión, salvo en el caso de que no quede comprometido o entorpecido el servicio al que estuviesen consignados los fondos desviados”. “En la misma línea de recuperar nuestro clásico sistema legal«, añade, »y a la vez volver a compartir una regulación similar a la de Francia, Italia y Portugal, se reintroduce una modalidad atenuada de la malversación consistente en el uso temporal de bienes o efectos públicos, como existía también antes de 2015 y como se da en los casos de los países antes referidos. El cambio se sitúa ahora en una actualización de la penalidad que responde a la actual sensibilidad de la sociedad española frente a esta clase de comportamientos”. Además, la reforma introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito. Esta ley orgánica consta de dos artículos, tres disposiciones transitorias y seis disposiciones finales y afecta también a Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando y a la regulación del fraude y de la falsificación de los medios de pago distintos del efectivo, incluyendo las monedas virtuales y otros criptoactivos con y con especial atención a la ciberdelicuencia. Después de muchos tiras y aflojas entre el PSOE y Unidas Podemos, el Congreso ha aprobado la ley trans que permite la rectificación de nombre y sexo de las personas trans en el Registro Civil a partir de los 14 años, en una votación en la que se ha abstenido la exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, que ha roto la disciplina de voto de su grupo. La norma, que ahora pasa a su fase de tramitación en el Senado, ha contado con el voto en contra del PP, Vox, Foro Asturias, Navarra Suma y Ciudadanos (salvo su portavoz de Igualdad, Sara Giménez, que se ha abstenido). Los naranjas tenían libertad de voto en este norma. También se han abstenido en esta votación los representantes del PDeCAT, el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, y la diputada del PP Rosa Romero, aunque en este caso ha sido una equivocación porque el día anterior representaba a su partido en el debate de la ley y defendía el voto en contra. La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad finaliza así una tramitación de casi tres meses en la Cámara baja que ha estado acompañada de polémica desde el principio por la falta de acuerdo entre los socios de Gobierno. Una parte del socialismo, liderada por Calvo, se mostró crítica con el texto, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres. El grupo parlamentario socialista ha logrado finalmente excluir a los perros de caza, rehalas, de trabajo y animales auxiliares del proyecto de ley de bienestar animal con el apoyo del PP, Vox, Foro Asturias, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y UPN para lo que ha aceptado además pactar con Coalición Canaria y el PP una enmienda transaccional para hacer ciertas salvedades a la ley con los cetáceos que viven en cautividad en zoos y delfinarios. La Comisión de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sido convocada in extremis este mismo jueves por la mañana a petición de Unidas Podemos para evitar que los socialistas dejasen caer la ley y con la esperanza de que una vez en el pleno del Congreso el PSOE se retracte, según transmitieron a lo largo de la jornada fuentes de los morados a Europa Press. Así, Unidas Podemos ha aceptado el dictamen de la ley pese a que finalmente ha incorporado la enmienda de los perros de caza que ha provocado durante semanas el enfrentamiento en privado y en público de los grupos del Gobierno de coalición, así como el aplazamiento dos veces de la convocatoria de la Comisión parlamentaria. Sin embargo, este jueves por la tarde, la enmienda socialista que suscitó las discrepancias con sus socios ha sido aprobada e incorporada al texto de la ley. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con 176 votos a favor, justo el número de apoyos mínimo necesario para sacar adelante una norma orgánica. El texto, que pasará ahora a su tramitación en el Senado, ha contado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Teruel existe, los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, CUP, PRC, Foro y Navarra Suma y las abstenciones de Junts Bildu y Coalición Canaria. Durante la votación se ha incluido en el texto dos enmiendas, una de Junts --con el voto a favor de PNV y ERC y la abstención PSOE, PP, Vox y Podemos-- por la que se ha suprimido la tasa de reposición. En la justificación de esta propuesta, Junts apunta que la LOSU no debe hacer remisión en su articulado a la ley de presupuestos generales porque «su vigencia responde a ejercicios presupuestarios concretos y que se aprueban en contextos distintos». Son innecesarias e inadecuadas, apunta. En la segunda aprobada, de PDeCAT, se modifica el artículo 5 sobre calidad del sistema universitario para añadir que el sistema universitario deberá garantizar «los niveles de buen gobierno», además de los de la calidad. Ambos contrastables con los estándares internacionalmente reconocidos.

Arreón legislativo del Gobierno en el final de año

La reforma del Código Penal, la ley trans, la de bienestar animal, la de universidades son algunas de los textos aprobados

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