El Gobierno envía un requerimiento a la Junta de Castilla y León para que se abstenga de aprobar las nuevas medidas del protocolo antiabortos
La Junta ha respondido al Ejecutivo pidiendo que se "abstenga" de dirigir comunicados oficiales y ha anunciado que "estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales"
Pedro Sánchez. / Europa Press News
Madrid
El Gobierno ha pedido a la Junta de Castilla y León, a través de un requerimiento, que se abstenga de aprobar las nuevas medidas anunciadas del protocolo antiabortos al considerar que puede vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres, que entran en vigor a partir de este lunes.
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"El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna", ha señalado en un comunicado emitido este domingo desde Moncloa.
Desde la sede del Ejecutivo han solicitado a la Junta "que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".
"También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas", han reclamado.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que desde el Gobierno de coalición emprenderán "todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres". "Aborto seguro, libre y gratuito para todas", ha afirmado en un tuit. Por su lado, Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha asegurado que no van "a tolerar el acoso a las mujeres que deciden ejercer su libertad". "Nos tendrán siempre enfrente. Exigimos a la Junta de Castilla y León que no aplique medidas que restringen su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo", ha remarcado.
La Junta responde y pide al Gobierno que se "abstenga de dirigir requerimientos y comunicados"
Ante el requerimiento del Gobierno, la Junta de Castilla y León ha lamentado "la falta de diálogo del Gobierno de España con esta comunidad leal que actúa siempre desde el absoluto respeto a la Ley", aludiendo a la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas y el estricto criterio médico.
"La Junta de Castilla y León utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. También velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias", han asegurado en un comunicado.
Tras pedir al Gobierno que se se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales, la Junta ha comunicado que "estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podría vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido aclara que no han "aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de la mujeres ni de los profesionales sanitarios". "El Gobierno de Sánchez miente y lo hace para tratar de esconder su incompetencia con la aprobación de la Ley del 'Solo sí es sí' que reduce las condenas y pone en libertad a los agresores sexuales. La ministra de Sanidad conoce desde el viernes, a través de una carta del consejero, que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno por lo que es intolerable este ataque a un Gobierno autonómico, basado en mentiras y con intención de generar alarma social", ha compartido en un hilo en Twitter.
El PP y Vox, enzarzados por las medidas antiabortistas en Castilla y León
El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, anunció este jueves un protocolo antiabortos con el objetivo de evitar que se produzcan abortos. Entre las medidas "provida" y de fomento de la natalidad en la comunidad, se establece un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales contempladas actualmente, y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
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El nuevo plan entrará en vigor este lunes y pone el foco en ofrecer asistencia psicológica a la embarazada en la esfera emocional, mediante el acceso a la atención por un psicólogo clínico, para lo que se establecerá un procedimiento de derivación desde Atención Primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se desmarcó este sábado de su vicepresidente, y aseguró que el se respetará la libertad de las mujeres embarazadas y de los sanitarios.
"Son las mujeres las que tendrán que solicitar escuchar el latido del bebé, y se deberá aplicar el criterio médico porque por debajo de semana número 12 la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia no lo recomienda", señaló, recalcando que todas las medidas se aplicarán "desde la voluntariedad de las mujeres embarazadas que lo soliciten" y no de carácter obligatorio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció al respecto este sábado y avisó de que no permitirá retrocesos en el derecho de las mujeres a abortar. Asimismo, censuró que el PP siga el camino "que le marca" Vox, como, a su juicio, ha quedado claro por las medidas antiabortistas que ha puesto en marcha el Gobierno conformado por "la coalición del miedo" de ambos partidos en Castilla y León. "La derecha decide qué camino tomar y lo que está claro es que, después de lo que hemos conocido en Castilla y León, la derecha sabe qué camino ha tomado y es el que le marca la ultraderecha", lamentó Sánchez en un acto del PSOE en Sevilla.
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