El Gobierno impulsa otro requerimiento para impedir "la tropelía" a las mujeres en Castilla y León

La polémica sigue rodeando el intento del gobierno de Castilla y León de imponer medidas antiabortistas, aunque ellos mismos han sido incapaces de aclarar si iban a activar o no el protocolo anunciado por el vicepresidente de la Junta, de Vox, con nuevas medidas y si sería obligatorio o no lo sería. Ante esta confusión, esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto de desarrollo parcial de la anterior. «Las comunidades tienen que garantizar esas igualdad. No pueden establecer requisitos adicionales a la normativa ya establecida en 2010», ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez ha querido lanzar un «mensaje de firmeza y tranquilidad» y que «impulsará las iniciativas necesarias para impedir las tropelías anunciadas en Castilla y León». Ha insistido la ministra portavoz en que el Gobierno «no va a permitir ningún retroceso en las libertades de las mujeres» y ha sentenciado que el silencio de Feijóo «no es casual»: «Es un silencio cómplice, es un silencio interesado». Y ha recordado que la ley que hoy intenta bloquear Mañueco es la ley que tiene recurrida el PP ante el Constitucional. En paralelo a esta comparecencia, el líder del PP rompía su silencio aclarando que Castilla y León «no va a modificar el protocolo de atención a mujeres embarazadas» y «no puede coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir el embarazo cuando está en los supuestos que la ley señala». Se pregunta además «por qué hace Vox algunas cosas que le vienen bien al PSOE» y considera que el partido de Abascal «se equivoca profundamente». El Ejecutivo quiere que la Junta que gobierna PP y Vox paralice todas las acciones sobre un posible cambio en el protocolo para las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo. Este es un paso más del Gobierno, previo al conflicto en el Constitucional, que justifican porque consideran que las explicaciones dadas hasta el momento, con declaraciones contradictorias entre el presidente de la Junta y su vicepresidente, no son suficientes, e incluso amplían la confusión entre médicos y mujeres en Castilla y León. «Vamos a trabajar para protegerlas de esta aberración que quiere llevar a cabo el gobierno de Castilla y León. La ley dice que no se puede sugerir ninguna otra opción a las mujeres ni plantear otra opción a los sanitarios», subrayaba Isabel Rodríguez. El ministro de Presidencia ha explicado este martes que este nuevo requerimiento persigue que el gobierno de Castilla y león «cese inmediatamente en cualquier retroceso de derechos de las mujeres» porque están «extralimitando su competencias». «Vamos a requerirles para que, en el caso que no den una respuesta satisfactoria, iniciar acciones ante el Tribunal Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres», ha explicado Félix Bolaños. Se trata de un segundo requerimiento, diferente al que ya envió a la Junta de Castilla y León el pasado 15 de enero, tras el anuncio del vicepresidente de la Junta del nuevo protocolo contra los abortos, y es previo al conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar a este requerimiento de incompetencia. La Moncloa ya advirtió de que «el Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente». El presidente del Gobierno añadió que el Ejecutivo no permitirá «ni un solo retroceso» en los derechos de las mujeres ante el protocolo antiabortista en Castilla y León.

El Gobierno impulsa otro requerimiento para impedir "la tropelía" a las mujeres en Castilla y León

El Consejo de Ministros aprueba un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley de salud sexual

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