El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha reconocido este martes la «preocupación» del Gobierno por el «caso Negreira» destapado por la Cadena SER. El presunto pago del FC Barcelona por los informes arbitrales al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira tiene alerta al Gobierno. Así lo ha reconocido Iceta, que ha apuntado que, de confirmarse estos hechos, «son muy graves» y «perjudican al deporte y fútbol español». «Como Gobierno estamos preocupados por esta situación y, sobre todo, apoyamos la postura que ha defendido la Federación Española de Fútbol (RFEF): transparecia, respeto a la resolución judicial y, si corresponde, nos personaremos en el propio procediemitno judicial», ha dicho el ministro de Cultura y Deporte en la firma del acuerdo para la presencia de España como invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 2024. En este sentido, Iceta ha lementado la imagen que pueden provocar no solo a la Liga de fútbol sino al deporte español fuera de nuestras fronteras. «De confirmarse estos hechos, son muy graves y perjudican al conjunto del fútbol y el deporte español. Y ahí vamos a estar los organismos federativos y del Gobierno, en defensa del buen nombre de los deportistas españoles», ha sentenciado. Además de al ministro de Cultura y Deporte, el «caso Negreira» también ha llegado al Consejo de Ministros. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a preguntas de la Cadena SER, ha asegurado que no está previsto que haya cambios en la nueva Ley del Deporte para ampliar el periodo en el que asuntos como el «caso Negreira» son perseguibles a nivel deportivo. «En lo que se refiere a la legislación administrativa, la nueva Ley del Deporte no ha alterado esa previsión de tres años con las faltas más graves (...) Esto coincide además con el régimen general del sector pública, con el resto de sanciones administrativas. La sanción administrativa más grave en el régimen jurídico general del sector público y de las administraciones públicas son también de tres años. No hay ninguna diferencia con respecto a ninguna otra sanción administrativa», ha asegurado. El pasado miércoles la Cadena SER desveló que la Fiscalía estaba investigando a la sociedad de un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que recibió pagos del Barça mientras ejercía su cargo. Según la exclusiva de la SER, El Fútbol Club Barcelona pagó al menos 1,4 millones de euros a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018. Por aquel entonces, el exárbitro de Primera División ostentaba el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Enríquez Negreira fue vicepresidente desde 1994 hasta 2018, año en que cesaron los pagos del club azulgrana a DASNIL 95 SL. En conversación con la SER, Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona durante el periodo que investiga la Fiscalía, aseguró que esos pagos se remontaban, mínimo, al año 2003. Esa fue la fecha en la que él llegó al club y en la que ya se pagaba a DASNIL 95. Poco después, el diario «El País» desveló que esos pagos existian desde el 2001 y que la cuantía total era de más de 7 millones de euros. En 2018, Bartomeu cerró el grifo a Negreira, que amenazó con represalias. Así lo desvela el burofax publicado por «El Mundo» donde amenaza con denunciar las «irregularidades» que había conocido durante los años de relación con el club. Las amenazas no quedaron ahí. Según pudo confirmar la Cadena SER con el propio Bartomeu, Negreira amenazó por teléfono a Josep María Bartomeu con todo tipo de chantajes después de que conociese que se rescindía su acuerdo con el Barça. En esa conversación, el expresidente del FC Barcelona admitió a «El Larguero» conocer el burofax mandado el 5 de febrero en 2019 publicado por «El Mundo» en el que Enríquez Negreira amenaza por escrito al mandatario. El último episodio conocido de esas conversaciones entre Negreira y Bartomeu fue que el exvicepresidente del CTA exigió el pago inmediato de 267.000 euros mediante una carta de su abogado dirigida al entonces presidente Josep María Bartomeu.