Santiago Torres, jurista: "Un juez es el bisturí para defender a los ciudadanos. Si está contaminado, solo sirve para transmitir más enfermedades"

Santiago Torres es el juez que llevó al banquillo a Jesús Gil a finales de los años 90. Llevó la instrucción del «caso Tabacalera» contra César Alierta, expresidente de Telefónica, por uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de la compañía. Desarticuló el clan de los Búlgaros, una mafia de porteros de discoteca. Ha llevado hasta la extenuación todo lo que significa el derecho y las normas en nuestra sociedad, incluso aunque le costara la salud. Durante el caso de Jesús Gil le hicieron la vida imposible: acabó sufriendo dos infartos. Dejó la judicatura hace una década, agotado, sin mucha fe, y pasó a ser abogado y docente. Torres se sienta en los micrófonos de la Cadena SER, en Hora 25, con Aimar Bretos y confiesa: «La Justicia para mí es una vocación de intentar dar a cada uno lo suyo, algo que he intentado llevar a cabo en todos los puertos en los que he servido. En algunas ocasiones lo he conseguido, en otras estoy seguro de que no» Para el jurista, su profesión es la «mayor consecución de nuestra civilización». Poder arreglar los problemas que surgen en la convivencia humana a través del derecho. Torres se hizo conocido en una época en la que los jueces tenían nombre propio. Pilotó el «caso Camisetas», el entramado que construyó el exalcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, para desviar 450 millones de pesetas de las arcas públicas para financiar al club de fútbol que presidía entonces. «Jamás estuve sometido a tanto nivel de presión. Me hizo ver cosas que no creí que hubiera», comenta el abogado. «Sé lo que son las presiones y el ejercicio de un cargo público, pero el nivel de presión que viví entonces no lo había conocido nunca. También mi familia. Me hizo ver que las presiones en un sitio pequeño son mucho más cerradas y peligrosas», explica el exjuez durante la entrevista. Torres asegura que las presiones le llegaron a través de pasquines del ayuntamiento que le acusaban de «prevaricador» y «ladrón», también en el periódico local; o cómo le quitaban la mirada los trabajadores de los juzgados. Las amenazas fueron en aumento: la policía municipal le mantuvo vigilado y a su mujer, todas las mañanas, dos personas la perseguían «ostentosamente». «Creo que Jesús Gil actuó con semejante impunidad porque seguramente no se encontró con quien le mirara de cara en todos esos años», dice contundente el jurista. Cuando se incorporó a los juzgados de Marbella, relata, había un gran revuelo allí porque el teniente de alcalde iba a reconocer la firma de un pagaré librado por el ayuntamiento. «Había pleitesía directa en los juzgados, era como una extensión del ayuntamiento. Los sitios pequeños tienen problemas de relaciones sociales que no se ven en otros sitios. Hay que verlo para creerlo», asegura Torres. El ahora abogado tuvo que enfrentarse a numerosas querellas y casi dedicó «más tiempo» a defenderse que a trabajar. También ha tenido amenazas de muerte recientes, pero no da más detalles. Santiago Torres ha sufrido dos infartos que él vincula directamente a las presiones que ha recibido. «Es el compromiso de la vocación. Es sencillamente que estaba dispuesto a cumplir el deber hasta las últimas consecuencias. Lo que había que hacer por encima de la conveniencia. Me hubiera convenido mirar hacia otro lado, hubiera sido más feliz, pero nunca consiguieron nada por el lado malo. Luego intentaron conseguirlo por el lado bueno», señala el jurista. Él considera que sí hay «compra» de jueces en España -Torres conoce varios casos en Marbella- aunque el 99% de los magistrados aplican correctamente las normas. «Un juez es la última frontera de defensa de los derechos de los ciudadanos. Es el bisturí que utiliza el derecho para hacerlo. Si está contaminado, solo sirve para transmitir más enfermedades. Es un peligro, no es tristeza. Se ha confundido la defensa de la independencia judicial con el control de los conflictos de intereses, el control de los ingresos y régimen de vida y que solo se pueden poner querellas si hay pruebas objetivas», argumenta el exjuez. «El sistema español no está preparado para el crimen organizado, bajo ningún concepto. Se dejan muchas cosas por el camino, es un sistema de la época de la carreta. Está basado sobre la figura de la instrucción porque proviene de una época en la que había analfabetismo y lagunas de coordinación y consistencia jurídica. Este sistema judicial está sobrepasado y no se acomoda a las necesidades criminológicas actuales. Vale para robaperas y robagallinas, es decir, delitos flagrantes que ocurren en el momento. Para delitos económicos: hay muy pocos especialistas», señala Torres. España tiene, según datos oficiales, unos 5.400 jueces, 2.500 fiscales y 3.700 letrados de la administración de justicia. La falta de medios personales y materiales arroja una conclusión clara: la justicia española es lenta y está colapsada. «Cuando estaba en el juzgado de instrucción número 32 de Madrid tenía entre 10.000 y 12.000 diligencias previas. De esas, había que quitar un porcentaje importante de denuncias sin autor conocido. Quizá llevaba 400 o 500 asuntos importantes. He tenido que llevar 70 presos o casos con 200 imputados», relata el exjuez. Torres insiste en que uno de los problemas fundamentales del sistema en nuestro país es la incapacidad de perseguir delitos económicos, especialmente el blanqueo de capitales. «Es la base de la lucha contra el gran delito», apunta. Al jurista le preocupa la «falta de ánimo» de la judicatura por la marcha de la justicia. Sobre el gran asunto público que ocupa la política y la judicatura española, Torres señala que es un tema «en el que se contraponen principios e intereses». «¿Por qué razón se considera que no tiene que haber acción penal contra unas personas que puedan haber cometido determinados hechos definidos como delitos en la ley? ¿Por qué se establece ese privilegio sobre estas personas y no otras? Ese camino permitiría que hechos violentos que se puedan producir ahora en las manifestaciones contra la amnistía, puedan ser amnistiados más tarde. Nos hemos cargado el principio de igualdad. Es una cuestión muy peligrosa. Se contrapone la defensa del derecho de igualdad al de tenemos que hacer de la necesidad virtud», argumenta Torres. «El juez debe pensar mucho lo que habla fuera de sus sentencias. Es ahí por donde tiene que hablar el juez. Todo lo demás, son funciones que se exceden de sus competencias. Es una necesidad social de que la gente confíe en los jueces. Yo sé -y estoy convencido de ello- que es un mal que un juez se manifieste políticamente. Si lo hace, queda marcado», asegura. «Ha habido más de una noche que me iba a la cama con la preocupación de tener un nombre en la cabeza. Había un señor, yugoslavo, que me iba a la cama todas las noches con su nombre. No me dejaba dormir. Me tenía que levantar y ver qué tenía de él. Las preocupaciones de un juzgado quitan muchas veces el sueño. Uno se puede pasar las vacaciones con asuntos del juzgado en casa», sentencia.

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Víctor Olazábal

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