El PSOE informa a la Comisión por carta del giro de Feijóo sobre los indultos
Los socialistas explican a varios Comisarios y altos cargos los cambios de opinión del dirigente del Partido Popular
Bruselas
Los líderes del grupo socialista en la Eurocámara han enviado una carta altos cargos de la Comisión y el Parlamento Europeos en la que informan del “cambio de posición” del presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, respecto a la situación en Cataluña y un posible indulto al ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que consideran está en línea con el proyecto de ley de Amnistía al que se opone públicamente.
“El pasado viernes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, almorzó con 16 periodistas de diversos medios de comunicación que cubren la actualidad del partido. Durante el encuentro, hizo algunas declaraciones que demuestran que su postura política en contra de los indultos concedidos por el Gobierno español y del proyecto de ley de amnistía propuesto por el Partido Socialista se basa en realidad en acusaciones que él considera falsas, o en valores que el propio PP no respeta a la hora de negociar,” reza la misiva que firman la jefa del grupo socialista de la Eurocámara, Iratxe García Pérez, y el responsable de la delegación del PSOE, Javier Moreno.
Los socialistas consideran “de interés” para la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Věra Jourová y el comisario de Justicia, Didier Reynders, quien estudia el proyecto de ley de Amnistía, las informaciones publicadas el pasado sábado, dado el giro en la postura del PP respecto a un posible “perdón” al independentismo. La carta responde a la campaña lanzada por el PP en Bruselas contra la tramitación del proyecto de ley de Amnistía.
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En la misiva los socialistas alegan que la postura del líder popular, que según esas informaciones, reconocía haber considerado la amnistía -para después descartarla-, se abría a un indulto condicionado a Puigdemont y habría planteado la posibilidad de un plan de reconciliación para Cataluña, en el contexto las negociaciones de investidura con Junts, “sería acorde con el proyecto de ley de Amnistía propuesto por el Partido Socialista”.
Entre otras cuestiones, apuntan que las declaraciones de Feijóo suponen el reconocimiento de “un grave conflicto político” en Cataluña y también la dificultad para los jueces de imputar delitos de terrorismo a Puigdemont, además de una contradicción respecto a la postura en público del popular que defendió que los indultos “eran inaceptables, tanto desde el punto de vista político como constitucional”.
La carta, dirigida también al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el socialista Juan Fernando López Aguilar; a la presidenta de Grupo de Vigilancia de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Eurocámara, Sophia In't Veld; y a la presidenta de la Comisión de Venecia, Claire Bazy Malaurie, viene acompañada de un amplio dosier de prensa.
La batalla por el relato
La carta no es casualidad. El Partido Popular ha hecho de Bruselas uno de sus principales campos de batalla para tratar de frenar el proyecto de ley de Amnistía. Tanto los populares como Ciudadanos han llevado el asunto a debate al seno del Parlamento Europeo, y también las negociaciones con Junts que el PP también habría mantenido según estas informaciones.
Esta cuestión también dominó el debate que siguió al discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en diciembre del pasado año. Durante ese debate, Sánchez recibió duras críticas por los acuerdos con Junts y la ley de Amnistía por parte de eurodiputados populares, liberales y de extrema derecha.
La postura de la Comisión Europea sobre Cataluña no ha cambiado desde 2017. El conflicto político es una cuestión interna y así debe resolverse. Sin embargo, el inicio de la tramitación de la ley de Amnistía ha devuelto el debate a Bruselas con los populares pidiendo al ejecutivo comunitario que se pronunciara sobre si el proyecto legislativo viola o no el derecho europeo, alertando del potencial impacto para la separación de poderes y el estado de derecho en España. En respuesta a la preocupación que ciudadanos, organizaciones y representantes políticos le habían transmitido, el Comisario de Justicia pidió más información al gobierno español sobre el contenido de la ley, pero también ha reiterado que no se pronunciará hasta que no haya un texto definitivo.