El paso del PP y Vox por los Gobiernos autonómicos deja desprotegidos los lugares de memoria democrática

En abril de 2024 el espacio urbano de Gernika-Lumo fue declarado lugar de memoria democrática. Hasta ahora, solo lucía esta distinción la Casa de Juntas de la Villa: un solo edificio de los más de 270 que fueron arrasados por el bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor y las fuerzas aéreas italianas. Esta es la más reciente incorporación al Inventario de Lugares de Memoria Democrática del Ministerio, pero no es la única. Desde que se aprobase la Ley de Memoria Democrática de 2022, ya son 17 los sitios que han sido protegidos con dicha nomenclatura. Las asociaciones por la conservación de la memoria denuncian los problemas que se encuentran desde que PP y VOX llegaron al poder en algunos gobiernos autonómicos. Arturo Peinado, presidente de la Federación estatal de Foros por la Memoria, lamenta que se están encontrando “una paralización o incluso un abandono” en el proceso de declaración de sitios. Señala que no es solo que no permitan que se protejan los lugares que nos recuerdan la importancia de preservar la democracia, sino que, además, “la derecha está intentando utilizar la etiqueta de bien de interés cultural para proteger monumentos y lugares de memoria franquistas”. Actualmente hay dos formas de proteger un espacio, inmueble o patrimonio cultural inmaterial. Por un lado, está la vía autonómica: aquellas comunidades que tienen leyes de memoria propias, pueden declarar lugares de memoria democrática, pero solo serán reconocidos como tal a nivel regional. Por otro lado y desde octubre de 2022, el Ministerio también puede hacerlo, con la diferencia de que, en su caso, se reconoce a nivel estatal. En la Comunidad de Madrid, el Foro por la Memoria tiene una pugna con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el reconocimiento de la cárcel de Carabanchel y por el edificio de la Casa de Correos, antigua sede de la Dirección General de Seguridad, donde se retenían y torturaban a los opositores clandestinos del régimen franquista. Silvia Álvarez, presidenta del Foro por la Memoria del Bajo Guadalquivir, denuncia que la inacción política también llega a la Junta de Andalucía: “Desde los primeros días del Gobierno se dejó claro que los fondos de memoria serían exclusivamente para las exhumaciones, nada de lugares de memoria o de actividades educativas ni de investigación”. Lo que hay es un proceso de paralización, explica Álvarez: “Te dan largas o no te responden. Ahora mismo hemos solicitado campos de concentración en Rota (Cádiz), en Padul (Granada), en Los Merinales (Sevilla)... También fosas comunes. Están solicitados, pero la respuesta se alarga”. En el caso de Castilla y León, ni siquiera existe una ley propia de memoria democrática. Según Juan Carlos García, presidente del Foro por la Memoria de Segovia, “hay muchos lugares que socialmente se les atribuye ese carácter de lugar de memoria, pero, sin una ley, oficialmente nunca lo serán”. De esta forma, explica, “quedan completamente desprotegidos y fuera de la responsabilidad del gobierno autonómico de turno ante los posibles ataques que puedan sucederse”. Según el Ministerio, el proceso para proclamar un lugar se alarga hasta los 9 o 10 meses. Fernando Martínez, Secretario de Estado de Memoria Democrática, nos ha asegurado que ya están en proceso de ser declarados el centro penitenciario agrícola de Tefía, en Fuerteventura, el puente de Irún, la ciudad de Eibar, la primera población donde se proclamó la Segunda República o la antigua Casa de Correos en Madrid, actual sede del Gobierno de Ayuso. La Ley de 2022 podría también paliar algunos efectos de la retirada de la legislación aragonesa. Martínez asegura que la derogación de la ley, “vuelve a desproteger los lugares de memoria que ellos mismos habían establecido”. Lo que el Gobierno de España contempla es que esos lugares de memoria que han sido derogados por el Gobierno de Aragón “posiblemente puedan pasar a incorporarse en el inventario estatal”. Otras acciones futuras que se barajan desde el Ministerio son la declaración de lugares más allá de nuestras fronteras, como la tumba de Antonio Machado o el Ateneo español de México.

El paso del PP y Vox por los Gobiernos autonómicos deja desprotegidos los lugares de memoria democrática

Mientras que PP y Vox retiran sus leyes de memoria democrática y paralizan el proceso para proteger los lugares que nos recuerdan nuestro pasado, el Gobierno central sigue aumentando su inventario de lugares de memoria.

Webs de PRISA