La Fiscalía no fijará servicios mínimos para la huelga de fiscales y les pide garantizar los señalamientos que se mantengan
García Ortiz recuerda a los fiscales jefe que se debe garantizar la presencia del Ministerio Público cuando su ausencia perjudique a derechos del ciudadano
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. / Cabalar (EFE)
Madrid
La Fiscalía General del Estado ha remitido una comunicación a todos sus fiscales jefe que se alinea con la conclusión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la huelga convocada por cinco de las siete asociaciones profesionales a partir del 1 de julio. No se pronuncia sobre la legalidad de la protesta y no fijará servicios mínimos a falta de soporte normativo que le atribuya competencias para ello.
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El escrito recuerda no obstante a los fiscales jefe que "habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad para los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó".
Este es el mismo criterio que mantuvo el Ministerio Público en convocatorias de huelga anteriores, que ha optado por no variar la posición igual que ha hecho el Pleno del CGPJ. La razón estriba en que el derecho de huelga para los funcionarios que, como los jueces y los fiscales, forman parte de un poder del Estado, no está desarrollado normativamente. Así, tampoco lo están las competencias para la fijación de los servicios mínimos.
Organización de los servicios mínimos
Sobre este asunto, las asociaciones convocantes han anunciado que "a falta de fijación oficial de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado" serán ellas quienes los organicen y han pautado una serie de criterios para garantizar "la atención imprescindible a la ciudadanía".
Buscan blindar las actuaciones con detenido o con preso y otras que resulten inaplazables, así como todas las que conlleven medidas cautelares o cautelarísimas y las provisionales que afecten a menores o personas con discapacidad o que puedan ser causantes de un perjuicio irreparable.
En un comunicado, estas asociaciones reivindican su derecho a la huelga como "una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de Derecho, de la independencia judicial" y de sus propias "condiciones profesionales".
En este caso, la huelga, como la concentración preludio que se ha convocado este sábado a las puertas del Tribunal Supremo, exige la retirada de las dos reformas impulsadas sobre el Ministerio de Justicia sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal y sobre la propia Fiscalía. La pancarta de la protesta llevará el lema "Sin Estado de Derecho no hay Democracia".
Para el Ministerio de Justicia, las reformas no sólo no lesionan el Estado de Derecho sino que lo fortalecen, pues se trata de una modernización necesaria. Defienden que las críticas son "infundadas" y que se alejan del pie de ambas iniciativas legislativas.
