El Gobierno pide por carta a las comunidades autónomas reforzar los controles para cerrar miles de pisos turísticos ilegales

Madrid

Después de identificar más de 53.000 alquileres turísticos ilegales en toda España a través del Registro Estatal de Alquileres, el Ministerio de Vivienda ha pedido por escrito a las Comunidades Autónomas -que junto a los Ayuntamientos, son quienes tienen las competencias a la hora de inspeccionar, sancionar y cerrar pisos turísticos- actuar para afrontar el fenómeno del alquiler vacacional ilegal.

En varias cartas a las que ha tenido acceso la SER, el departamento que encabeza Isabel Rodríguez pide a las autonomías "valentía" y "no mirar hacia otro lado" para regular una actividad que "colisiona con la función social de la vivienda". Además, les anuncia que en los próximos días pondrá a su disposición toda la información recopilada sobre esos pisos ilegales para que se proceda a tomar las medidas necesarias.

Reforzar la inspección en la Comunidad de Madrid

En la carta remitida al Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, el Gobierno advierte de la "situación excepcional" que se vivie en esta región, tras detectar una doble anomalía.

La primera, un número de solicitudes de licencia estatal "sorprendentemente bajo". En Madrid, solo 3.513 pisos han solicitado el número único de registro que desde el 1 de julio se exige para anunciarse en las plataformas digitales, frente a los más de 18.500 pisos que el Instituto Nacional de Estadística estima que hay funcionando en esa región. "Los datos arrojan una primera conclusión: hay un alto número de propietarios con inmuebles en el mercado que aparentemente han optado por no cumplir con la legalidad", señala el Ministerio en esa carta.

La segunda anomalía pasa por el escaso peso que los alquileres turísticos han tenido en ese registro (16,79% del total solicitados), frente a los alquileres de temporada (83,21%). "Muchos propietarios de la Comunidad de Madrid están operando con un código de alquiler de temporada en fraude de ley. Usan un código de vivienda de temporada para celebrar un arrendamiento turístico exclusivamente para eludir los requisitos que exige la normativa de la comunidad", expone el Gobierno central al autonómico.

En esta línea, el Ministerio ha pedido a la consejería que intensifique las actividades de inspección y control. "No tenemos tiempo que perder. Confío en que elijáis defender los derechos de la mayoría social", concluye el documento.

Reproche a Andalucía por recurrir ante los tribunales la nueva normativa estatal

Andalucía es la región más afectada por el fraude, según los últimos datos recopilados por el Registro Único puesto en marcha por el Gobierno este año, adelantándose a una normativa comunitaria de la Unión Europea. En este contexto, el Ministerio de Vivienda ha reprochado a la Junta de Andalucía haber recurrido esa herramienta ante el Tribunal Supremo.

"No se puede mirar hacia otro lado ante un fenómeno de este calibre y que impide el derecho de acceso a la vivienda de miles de personas", exponen.

"Os insto que actuéis para afrontar este fenómeno trabajando todos bajo un mismo objetivo: garantizar el derecho consitucional a la vivienda de la ciudadanía", subraya el ejecutivo en el documento envíado a la consejera de vivienda andaluza, Rocío Díaz Jiménez.