De las llamadas spam con un prefijo al derecho a que te atienda una persona: el Congreso aprueba la ley de Atención a la Clientela con la abstención del PP y el apoyo de Junts

Madrid

El Congreso ha aprobado la ley de Atención a la Clientela este jueves con 179 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones. Junts había adelantado que, pese al bloqueo anunciado al Gobierno, iba a votar a favor de esta norma, por lo que el Gobierno ha contado con los apoyos necesarios para sacarla adelante, pese a la abstención del PP. "Va a suponer un hito importante en las políticas públicas de consumo de este país, ya que supone mejoras palpables en la vida de millones de personas", comenzaba subrayando el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, desde el estrado del Hemiciclo. Ahora, una vez aprobada, será debatida en el Senado.

Límite de espera de tres minutos y de respuesta en 15 días

La ley que tiene como objetivo establecer unos "estándares básicos de calidad para garantizar que no se perpetren abusos hacia los consumidores" contempla, entre otras cosas, la prohibición de las llamadas spam, que tendrán que identificarse con un prefijo específico. "Todas las llamadas que no lo lleven las operadoras las tendrán que bloquear", explicaba el ministro Bustinduy, este miércoles en Hora 25.

Además, todos los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados y también se limitarán a 3 minutos los tiempos de espera de las consultas que hagan los clientes cuando llaman por teléfono y a 15 días la respuesta de todo tipo de reclamaciones y requerimientos. "Se garantizará el derecho a que te atienda una persona debidamente formada, no un robot", apuntó el ministro.

"Ni hay multinacionales que sean intocables ni los ciudadanos están en una posición de indefensión", ha sentenciado el ministro que ponía de relieve "la importancia de las organizaciones de consumidores de nuestro país" que logran que "ese desequilibrio se rompa".

Fin a la renovación automática de los contratos y a las reseñas falsas

La ley también establece que se consideren nulos los contratos que deriven de comunicaciones no consentidas y que el precio final de cualquier producto o servicio deba reflejar la totalidad desde el principio de la compra o de la contratación. Además, se elimina la renovación automática de los contratos y se tendrá que informar al usuario con 15 días de antelación de la finalización del mismo.

Las empresas tampoco podrán "emplear estrategias dudosas o engañosas para hacer negocio", motivo por el cual la ley regulará las reseñas falsas con el fin de "poner coto a la información falsa que prolifera a través de este tipo de mecanismos".

Bustinduy aclaró en la SER que desde que se publique en el BOE la ley habrá un plazo transitorio para que las operadoras se adapten: "Un plazo razonable que pueden ser unas cuantas semanas, no mucho más".