El PP no puede abusar de las reformas jurídicas

Esta mañana el rey preside la apertura del Año Judicial. Un año que llega cargado de novedades con el estreno de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y del nuevo Código Penal. Un año que comienza con un cuestionado presidente del Tribunal Constitucional y un año en el que la vida política española tiene secuestrada buena parte de su agenda por la instrucción de los casos Bárcenas, ERES o Nóos. Casos en los que la justicia se convierte no en el último recurso para delimitar las responsabilidades penales de una mala gestión, un abuso de poder o un tráfico de influencias. Se convierte en realidad, en el recurso alternativo para lo que no se resuelve desde la política. Esta es una anomalía que se está enquistando en nuestro sistema y que tiene mucho que ver con la falta de determinación de nuestros partidos políticos para afrontar los abusos cometidos desde hace mucho tiempo, quizá porque, entre otras cosas, esos abusos han permitido mantener sus costosas maquinarias. La regeneración de la política no vendrá de los tribunales, que en este terreno casi siempre llegan tarde y se enfrentan a delitos muy difíciles de concretar y probar. La regeneración solo vendrá de la convicción de los partidos y de las instituciones para reconstruir un sistema fundamentado en valores éticos y no en conveniencias.

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Pero la apertura del año judicial pone también sobre la mesa el abuso de las reformas jurídicas. En particular las del Código Penal entendido como respuesta a todos los problemas que no se ha sabido resolver donde debían: desde la sociedad, desde las normas de convivencia, desde la educación. Así, las durísimas penas que contempla el nuevo código se convierten en un arma más demagógica que eficaz para impedir el delito.

Por cierto, el gobierno que apela constantemente a la responsabilidad y el consenso de todos para las reformas económicas, va a imponer unilateralmente reformas sobre un pilar delicadísimo del estado de derecho: el poder para castigar y restringir libertades básicas de los ciudadanos, como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad.

Comienza también el curso con las nuevas tasas judiciales convertidas en un factor de desigualdad ante la ley. La vida es desigual; las oportunidades que tienen las personas con más o menos recursos no son las mismas, pero sus derechos no pueden ser distintos. Y lo serán si recurrir a instancias superiores buscando Justicia se convierte en un artículo de lujo.

Y por último, pero no menos importante, hay que pedir al Consejo General del Poder Judicial que defienda contundentemente de cualquier presión a los jueces que investigan a personas relevantes como le pedimos igualmente que actúe cuando quien se excede es el juez.

El PP no puede abusar de las reformas jurídicas