Año de nieves para el curso judicial

La entrada en vigor del Código procesal penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los recurso presentados ante el Tribunal Constitucional se suman a los nuevos desafíos por los que tendrá que pasar el nuevo curso judicial.

Los sindicatos de Justicia anuncian un otoño de movilizaciones contra las reformas introducidas por Gallardón como la ley de Tasas o la privatización de los Registros y los jueces perderán protagonismo cuando la investigación de los casos pase a manos del fiscal según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. En las próximas semanas entrará en vigor además el nuevo Código Penal que nace con la oposición de todo el arco parlamentario menos el Partido Popular.

Sumen a todos estos cambios legislativos que ordenan las relaciones entre los ciudadanos y la administración, la compleja tarea que tiene que resolver el Tribunal Constitucional sobre leyes como la Reforma Laboral, la Sanidad o el sistema tributario.

Otoño caliente

Los operadores jurídicos vaticinan un otoño invierno muy complicado, con la puesta en marcha, en primer lugar, del Código procesal penal del Partido Popular que ha disgustado a muchos por lo que destila de "recorte" de libertades individuales y por las modificaciones del sistema de penas, como la prisión permanente revisable o los nuevos delitos contra la corrupción.

Pero también cambia radicalmente el modelo de investigación que será dirigida por el fiscal con la supervisión de un juez de garantías según establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Constitucional en el punto de mira

Un curso jurídico en el que el Tribunal Constitucional se juega su prestigio con decenas de leyes del Gobierno de Rajoy que han sido impugnadas como la ley de tasas, el aborto o la consulta soberanista. Mañana mismo, el alto tribunal pasará la primera prueba de fuego al rechazar las recusaciones presentadas contra su presidente Francisco Peres de los Cobos, lo que despertara, de nuevo, el recelo entre quienes le consideran contaminado por su intensa vinculación con el Partido Popular.

Año de nieves también para el CGPJ, que perderá independencia y verá disminuidas sus atribuciones y mala cosecha además para las protestas de los sindicatos de justicia que anuncian una huelga general indefinida por las reformas y la privatización de algunos sectores de la justicia.