Volver a escuchar a Marcelino Camacho

No existe ninguna razón por la que los jueces de instrucción de este país no ordenen la búsqueda de los restos de quienes fueron fusilados y asesinados en la tapias de los cementerios o al borde de los caminos durante y después de la Guerra Civil. De hecho, es verdaderamente insólito que todavía hoy haya que discutir sobre la obligación del Estado de facilitar los medios económicos y materiales para que esos restos sean encontrados y vueltos a enterrar, según la ley, en el cementerio que proceda o requieran los familiares de las víctimas. No existe ninguna razón para que el Valle de los Caídos siga albergando los restos de miles de republicanos que fueron enterrados allí en contra del deseo de sus familiares, ni tan siquiera para que reposen allí los restos de los soldados del bando llamado nacional. Unos y otros hace muchos años que debieron ser exhumados correctamente. No hay razón alguna para que el dictador Francisco Franco este enterrado en un monumento propiedad del Patrimonio del Estado y no en el cementerio que designen sus familiares, al igual que los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Todo eso es un disparate que debió haberse solucionado hace mucho tiempo. Pero todo eso no tiene nada que ver con la modificación de la ley de Amnistía aprobada en 1977 y que Podemos, Izquierda Unida y varios grupos nacionalistas catalanes y vascos quien ahora cambiar para que no se impida que los tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a los responsables de delitos de guerra y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidos antes del 15 de junio de 1977. Si los responsables de Izquierda Unida o de del PNV, por ejemplo, leyeran las intervenciones de Marcelino Camacho o de Xabier Arzallus el 14 de octubre de 1977 en el Congreso de los Diputados en defensa de aquella ley quizás comprendieran que ni Camacho ni Arzallus tenían miedo de nada y que jamás pensaron que la amnistía podía dejar fuera a los crímenes cometidos por franquistas o falangistas durante o después de la Guerra Civil. No lo creyeron en 1977 y no es fácil pensar que lo creyeran ahora, treinta y un años después de aquel voto.