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La batería de decretos sociales de Pedro Sánchez calienta la precampaña

El Gobierno de Pedro Sánchez apura la legislatura con la aprobación de varios decretos de carácter social entre críticas de la oposición: "Es algo escandaloso que solo se hace en repúblicas bananeras", ha afeado Pablo Casado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / ()

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La próxima semana se disolverán las Cortes pero el Gobierno piensa aprovechar el tiempo que le queda hasta las elecciones para impulsar medidas sociales. "Normalidad absoluta, que es el cumplimiento de nuestras propias normas en el modelo constitucional. Nada más. Luego estaremos en funciones, pero de aquí al 28 de abril no estamos en funciones", ha afirmado Carmen Calvo desde la mesa de Consejo de Ministros. A pocas semanas de las elecciones, cuando los carteles ya están en la imprenta y todo son quinielas por las listas de los partidos, el Consejo de Ministros ha aprobado y prepara nuevos decretos. Todo bajo las críticas de la oposición.

Este viernes ha sido un ejemplo claro de cómo serán los viernes. En este caso, el Gobierno ha presentado dos decretos: uno sobre igualdad y otro sobre el alquiler.

Decreto sobre Igualdad

Este decreto amplía, progresivamente, el permiso de paternidad. Además, las empresas con más de 50 trabajadoras tendrán que elaborar registros con los sueldos de las empleadas y los empleados para reducir la brecha salarial.

Empecemos por ese registro. A partir de ahora, ¿a qué estarán obligadas las empresas?

Es una herramienta para combatir y a la vez visibilizar la brecha salarial entre hombres y mujeres que, según el Gobierno, es del 23% y que no se reduce. Las empresas a partir de 50 trabajadores deberán tener un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla desagregados por sexo y categoría profesional. Pero ojo, esta medida no entrará en vigor el miércoles. La vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado que habrá que desarrollar previamente un reglamento sobre la publicación de esas tablas salariales que podrá conocer la plantilla a través de los comités de empresa o delegados sindicales.

Además se extiende la obligatoriedad de contar con planes de igualdad a todas las medianas empresas. Tienen un plazo de tres años. El decreto incluye una tercera medida que beneficia a las cuidadoras de las personas dependientes: recuperarán la cotización a la Seguridad Social cuyas cuotas pagará el Estado: unos 300 millones este año.

Luego está el permiso de paternidad, que llegará a ser de 16 semanas en 2021.

La ampliación del permiso se realizara en tres años. Este 2019 se pasará de las cinco actuales a ocho, a 12 semanas el año que viene y se alcanzará la equiparación de las 16 en 2021. Las seis primeras semanas padre y madre tendrán que cogérselas de forma simultánea y las diez restantes los padres podrán turnarse. El Gobierno considera crucial esta medida para avanzar en el reparto de los cuidados que ahora recaen sobre la madre y también para evitar que la maternidad sea un castigo en el mercado laboral. Todos los hombres que tengan un bebé a partir del miércoles ya podrán disfrutar de este nuevo permiso. La Plataforma por los Permisos Igualitarios ve algunas trampas: "No es justo a utilizar las seis primeras semanas simultáneamente, además no está asegurado que los hombres puedan tomar el permiso a tiempo completo", aseguran. 

Decreto sobre Vivienda

Por otro lado está el decreto sobre el alquiler, que la vicepresidenta Calvo ha explicado en los siguientes términos. "Vamos a proceder a tener una lista sindicativa de precios de la vivienda y los vamos a vincular todos a la subida del IPC (...) Vamos a permitir que puedan existir bonificaciones fundamentalmente en el IBI, en las políticas tributarias locales, pensando en lo que consideramos un problema importante para la gente más joven", ha afirmado Carmen Calvo. Esa es una de las mayores novedades del decreto. A partir de ahora, los propietarios no podrán subir el alquiler más que el IPC.

¿Durante cuánto tiempo será así?

En los primeros cinco años, porque esa es otra de las novedades. Los contratos de alquiler tendrán ahora un mínimo de cinco años. O siete si el arrendador del piso es una persona jurídica. Una vez pasan esos primeros años, el precio ya podrá subir al margen de cómo lo haga el IPC.

¿Qué más novedades introduce?

La fianza que pongan los propietarios no podrá superar los dos meses. Desde ahora, el inquilino tendrá también dos meses y el arrendador tendrá cuatro para preavisar de que no se renueva el contrato. En cuanto a los desahucios, el juez deberá avisar a los servicios sociales antes de que vayan a echar a alguien de su casa. Si se trata de una familia vulnerable, no se podrá ejecutar el desahucio en el plazo de uno a tres meses.

¿Son estas medidas suficientes?

A juicio de Julio Rodríguez, experto en vivienda y miembro de Economistas frente a la crisis, no. Rodríguez cree que no son suficientes ante la dimensión del problema de la vivienda en nuestro país, lo que no quita para que sean beneficiosas. "Lo más importante es la prolongación del plazo máximo del alquiler, que se pasa de tres a cinco años incluso prorrogable de forma tácita otros tres años. Esto es lo más importante. También que la actualización anual de la cuota no superará el incremento del IPC. Aunque no lo dice del todo claro, si queda claro que no deberá superar esto, que ya estaba en la ley socialista de 1994", ha apuntado.

La gran pregunta

La gran pregunta, que tiene más de política que de economía:

¿Podrá el Gobierno convalidar en el Congreso todo lo que ha aprobado?

En el Gobierno parecían optimistas. "Vamos a convalidar con el reflejo exacto de la composición de la cámara en la diputación permanente, así que normalidad absoluta. Bueno, hemos hablado con los grupos parlamentarios. Estamos hablando con ellos para que esta convalidación se haga con los dos reales decretos", ha apuntado la número dos de Pedro Sánchez.

Para el alquiler, esta vez, el Ejecutivo sí contará con el respaldo de Unidas Podemos. En el decreto sigue sin regularse el precio de los alquileres, así que el partido morado alega que la medida es insuficiente, pero esta vez votarán a favor. Destacan que ahora se amplía en un mes el plazo para que se produzca un desahucio. "Es una buena noticia, pero insuficiente. Hay que animar a todo el mundo, aprovechando que estamos en periodo electoral, a que ni tenga miedo ni se resigne, que vote con esperanza para regular el precio de los alquileres y para tener una propuesta de permisos iguales e intransferibles como la que nosotros proponemos y no como lo que propone el PSOE", ha insistido Irene Montero.

Periodo electoral, ha dicho Irene Montero. De eso se queja precisamente la oposición. Tanto PP como Ciudadanos aseguran que para ellos esto es la manera en la que el Ejecutivo hace campaña desde el Consejo de Ministros. "Ni siquiera sus socios están de acuerdo de que hagan este tipo de viernes de gasto y de promesas electorales a costa de la diputación permanente. Creo que es muy grave y creo que todos los partidos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública deberían alzar la voz para decir que no se pueden usar las instituciones en beneficio de un partidos. Es algo escandaloso que solo se hace en repúblicas bananeras", ha apuntado Pablo Casado.

Un mensaje similar ha dado Toni Roldán, que ha hablado de "insulto a la democracia". "El rodillo que ha venido haciendo el PSOE no ha ayudado nada a este país. Es imprescindible que haya elecciones. Hacerlo en la diputación permanente en un marco de ultraurgencia en el que no se puede debatir nada nos parece un insulto a la democracia", ha afirmado.

¿Cuántas veces ha pasado esto?

"Pretenden financiar su campaña electoral. Para que nos hagamos una idea, después de convocar elecciones, el PP solo ha aprobado dos reales decretos en las dos veces que ha gobernado España, en cuatro legislaturas. El PSOE lo ha hecho en 20 ocasiones. Pero lo que pretende Sánchez es peor que lo que hacían Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero. No puede ser que un gobierno en funciones utilice la diputación permanente para hacer uso electoralista, mucho menos cuando lo hace sin un reflejo en los presupuestos", ha criticado Casado.

Vamos a poner en contexto estos datos que daba Casado: cuántas veces han utilizado los gobiernos el recurso al decreto ley en esta época anterior a las elecciones y si ha sido por cuestiones urgentes.

Mariano Rajoy utilizó el decreto ley en dos ocasiones: uno para regular las comisiones por la retirada de efectivo de cajeros automáticos y otro para hacer frente a daños por temporales, el 20 de noviembre, ya con las Cortes disueltas. Pedro Sánchez ha aprobado este viernes tres.

No obstante, al repasar las referencias de los Consejo de Ministros en el periodo preelectoral encontramos otra figura de decreto, el decreto legislativo, que Rajoy utilizó en, al menos, cinco ocasiones. Las dos primeras, el 23 de octubre, es decir en el Consejo de Ministros, que como el de este viernes era previo a la disolución de las cortes. Ahí consolidó la reforma laboral de 2012 con la refundición de dos leyes: Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Empleo y desarrolló la Ley del Mercado de Valores.

El siguiente viernes aprobó otros tres decretos legislativos que, a diferencia del decreto ley, requiere la autorización previa del Parlamento para que el Gobierno legisle. En la legislatura que acabó en 2015, el PP tenía mayoría absoluta.

¿Había asuntos sensibles?

El gobierno Rajoy utilizó con profusión el decreto, a secas, en 121 ocasiones. En uno de ellos aprobó el nuevo sistema de financiación del cine. También adoptó 418 medidas por más de 3.400 millones de euros. El mismo 18 de diciembre, en el Consejo de Ministros previo a la cita electoral anunció un paquete de 800 millones en inversiones en proyectos de investigación.

¿Y Aznar y González?

Felipe González fue el presidente que acudió más veces a los decretos ley: en 1982 se convalidaron en la diputación permanente 9 decretos ley, 8 en 1993 y 7 en 1996. En la mayoría de los casos fueron para conceder créditos extraordinarios o atender situaciones producidas por sequías, roturas de presas o por daños de temporales.

José María Aznar solo echó mano del decreto ley en una ocasión, en el año 2000, para subsanar un error de un decreto anterior relacionado con la protección familiar de la seguridad social.

Zapatero, lo utilizó en cinco ocasiones. La más significativa en 2011, cuando elevó el fondo de garantía de depósitos.

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