Caso Nisman: cinco años de la muerte del fiscal que acusó a Kirchner de encubrir un atentado

Veinticinco años después sigue siendo el atentado contra la comunidad judía más mortífero desde el Holocausto. Ocurrió el verano de 1994: un coche bomba explotó frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el corazón del porteño barrio de Once, donde todavía hoy vive la sexta comunidad judía más grande del mundo. La explosión dejó 85 muertos y 300 heridos, y fue considerado como el atentado más mortífero en Occidente antes del 11 de septiembre de 2001. La investigación aún no ha culminado y se ha convertido en un ejemplo de impunidad para parte de la sociedad argentina; una investigación que ha llegado a imputar a la ex presidenta Cristina Fernández y que tiene como protagonista al fiscal Nisman, cuyo cadáver fue encontrado hace hoy cinco años, horas antes de que presentara su acusación penal en el Congreso a la entonces presidenta del país.

En 2005, después de que la justicia absolviera a los primeros imputados de la primera pieza de la investigación que señalaba a personas de la capital argentina, el presidente Néstor Kirchner creó una unidad fiscal para investigar el atentado y designó al fiscal Alberto Nisman como responsable de la investigación. Nisman dio un vuelco en las pesquisas y señaló al régimen de Teheerán: pidió a la Interpol la captura de nueve funcionarios iraníes que habían trabajado en Argentina durante la década de los noventa y a un libanés miembro de Hezbolá. Irán negó estar detrás del atentado, pero el fiscal insistía en que el cuerpo de inteligencia iraní estaba detrás de la explosión. En 2006, cuando la investigación seguía señalando a Irán, la Interpol aceptó la orden de captura de cinco de los ex funcionarios investigados.

En 2013, el gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad y el de Cristina Kirchner firmaron un acuerdo por el que se comprometían a investigar conjuntamente el atentado. Se llamó Memorándum de entendimiento Argentina-Irán y se trataba de un documento de tres páginas que contemplaba la creación de una denominada Comisión de la Verdad para cooperar con la investigación y que permitía que el fiscal Nisman podría interrogar a los sospechosos iraníes en Teherán. La presidenta Fernández presentó el acuerdo como "un hecho histórico", pero meses después la justicia argentina lo consideró inconstitucional.

Dos años después Nisman denunció a la entonces presidenta: la acusaba de tener un pacto secreto con Irán. Según el fiscal, Kirchner garantizó a Ahmadineyad que la justicia argentina nunca condenaría a los iraníes investigados a cambio de impulsar las relaciones comerciales con Teherán. “Ha habido una alianza con los terroristas para beneficiar económicamente a la Argentina”, dijo Nisman en un programa de televisión semanas antes de su muerte.

El 19 de enero de 2015 Nisman iba a acudir al Congreso a explicar su acusación penal. Iba a presentar, decía, pruebas que demostraban su acusación. Pero un día antes encontraron su cadáver, en el baño de su apartamento, con tiros en la cabeza. La primera autopsia habló de suicidio, pero la investigación concluyó en 2017 que fue asesinado. En marzo de 2018 la justicia abrió juicio oral contra Kirchner por un supuesto encubrimiento del atentado.

La causa sigue abierta, Kirchner es vicepresidenta y no hay ni responsables del atentado, ni de la muerte, ya probada, de Nisman. Este fin de semana miles de argentinos saldrán a la calle, como cada año, para exigir que se aclare un caso que ha puesto en entredicho la independencia judicial del país.