La jueza del caso 8-M archiva la causa porque no hay delito
La magistrada ha estado más de tres meses realizando diligencias por la denuncia de un particular que ni siquiera ha podido personarse en la causa en tiempo y forma
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atiende a los medios de comunicación a su salida tras declarar ante la juez / Ricardo Rubio - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
La magistrada del juzgado 51 de Madrid ha decidido archivar provisionalmente la investigación en torno a la convocatoria del 8 de marzo feminista en la que había interrogado al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco. La jueza Carmen Rodríguez Medel entiende en su auto, que se puede consultar aquí completo, que "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" y que "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario". Se trata de un sobreseimiento provisional y no libre, como había pedido la Abogacía del Estado y también la Fiscalía.
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La magistrada ha tomado esta decisión tras interrogar durante hora y media a José Manuel Franco Pardo este pasado miércoles. El delegado del Gobierno acudía ante la jueza en calidad de investigado, el único con esa condición en este procedimiento. Pero el jueves fue el día determinante en esta causa: un total de 15 testigos comparecieron después. Siete funcionarios del organismo y ocho responsables de organizaciones sociales y sindicales que promovieron manifestaciones y marchas y a los que se llamó desde la Delegación del Gobierno para pedir que cancelaran sus concentraciones. Ninguno de esos ocho testigos reconoció presiones de esa institución y si manifestaron que el informe de la Guardia Civil recogía imprecisiones, malas interpretaciones e incluso manipulación en las fechas de esas protestas. A ello se suma la batería de diligencias de investigación que ha ordenado desde el 23 de marzo, cuando acordó admitir a trámite la denuncia de un particular, como los informes del médico forense adscrito al juzgado y a la Guardia Civil.
La juez concluye en el auto que el investigado, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
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La magistrada señala que el delegado del gobierno "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".
En su auto, la jueza añade que tampoco "ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19".
Ante esta decisión cabe interponer recurso ante la propia juez o ante la Audiencia Provincial de Madrid. Recursos que van a llegar en las próximas jornadas.
Tanto la Asociación de Mandos de la Guardia Civil como la Asociacion de consumidores José María Mena, dos de las organizaciones que ejercen la acción popular, ya ha anunciado que acudirán en recurso para paralizar el archivo.
Más de tres meses de diligencias previas para llegar a una conclusión que ya se conocía desde el principio: en los primeros días de marzo había muchas sospechas de que la infección ya estaba en Europa, pero confirmación oficial ninguna.
