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Adiós a las líneas 902 de tarificación especial en España

Hablamos sobre las consecuencias de esta decisión del Ministerio de Consumo con Bibiana Medialdea, directora general de Consumo y Rubén Sánchez, portavoz de FACUA

Adiós a las líneas 902 de tarificación especial en España

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Madrid

Desde hace más de diez años que las asociaciones de defensores del consumidor reclaman la prohibición de los 902. En 2017, lo consiguieron: el Tribunal de Luxemburgo las declaró ilegales. Sin embargo, han pasado otros 3 años hasta que se ha anunciado en España una reforma legal capaz de clarificar esta prohibición. Lo hemos hablado con Bibiana Medialdea, directora general de Consumo y Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.

Modificación de la ley

Los números 902 son una parte de los teléfonos que utilizan las empresas o la administración que tienen relaciones comerciales con sus clientes. Son estos los que tienen aplicadas unas tarificaciones especiales y a los que afecta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La modificación del artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) concreta cuál es la tarifa legal básica mencionada en la sentencia europea. Así, la legislación española excluye a las líneas 902 de este tipo de tarificación adicional. Desde entonces, la llamada no deberá suponer un coste mayor al de una provincial.

Un problema competencial

El fraude de este tipo de tarificaciones para la prestación de un servicio de atención al cliente trasciende el ámbito local. Hasta ahora, las Comunidades Autónomas han tenido competencias en materia de consumo, pero el problema es histórico. La legislación les otorga únicamente la capacidad de sancionar a una empresa cuando esta afecta a consumidores que están en su propia Comunidad Autónoma. Por ello, sin la existencia de un organismo nacional con capacidad sancionadora, muchos de los casos más graves quedan sin resolver.

“La solución se tiene que encontrar”, recalcó la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, quien añadió además que hay que “afrontar una reforma legislativa que permita una solución más estructural”. Solución que podría implicar la recuperación de la capacidad sancionadora por parte del Ministerio de Consumo.

El mercado de los 902: una doble ilegalidad

El mercado del 902 y 901 suma un total de 116 millones de euros de ingresos solo en el año 2019”, nos contó Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. La imposición de “micromultas” para empresas que se lucran con estas llamadas no es suficiente. Su alto nivel de facturación les permite que el negocio continúe siendo rentable, con lo que cometen una segunda ilegalidad. La primera por el incumplimiento de la prohibición manifestada por el Tribunal de Justicia de la UE. Y, la segunda, por vulnerar la Ley de Consumidores y la normativa sectorial de telecomunicaciones al lucrarse con el desarrollo de esta actividad.

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