Fungairiño se opone a la extradición de los represores de Argentina
"Si los 44 reclamados por Garzón son extraditados a España, se corre el riesgo de que queden en libertad"
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, reiteró hoy su oposición a la extradición de los 44 militares hasta ahora detenidos en Argentina por orden del juez Baltasar Garzón al insistir en que España carece de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983).
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En declaraciones a los periodistas, Fungairiño recordó que esta ha sido siempre la postura de la Fiscalía durante todo el proceso relacionado con los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena y ya se mostró disconforme con las extradiciones del ex general chileno Augusto Pinochet, quien finalmente no pudo ser entregado por motivos de salud, y con las de los ex militares argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, ambos presos en
España.
En opinión de Fungairiño, la derogación por parte del Gobierno de Nèstor Kirchner del decreto que impedía la extradición de los militares argentinos "no añade nada nuevo" a la posición de la Fiscalía porque el tratado de extradición bilateral entre España y Argentina prevè ya la entrega de nacionales.
"Otra cosa es que la entrega de nacionales pueda hacerse por delitos cometidos en ese mismo país", añadió el fiscal al estimar que, basándose en el principio de territorialidad, "España no entregaría a sus nacionales a Argentina por delitos cometidos en España" y por lo tanto "Argentina tampoco debería entregar a sus nacionales por delitos cometidos en ese país".
Para Fungairiño el principio de territorialidad prevalece sobre el de persecución universal de los delitos de lesa humanidad y por ello entiende que "España no tiene competencia para juzgar a esos militares por mucho que el Gobierno argentino derogue el decreto de extradición".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la extradición de los militares detenidos en Argentina una vez que Garzón, quien ha instado la detención de 45 miembros del Ejèrcito y un civil argentinos, de traslado a las partes para que informen al respecto cuando reciba la comunicación oficial de estas detenciones.
A partir de ese momento, el juez dispondrá de cuarenta días para remitir toda la información a las autoridades argentinas para que estas decidan si finalmente conceden o no la extradición.
