La ley de protección ampara a mil mujeres maltratadas en un mes
Un total de 1.074 mujeres han recibido protección civil o penal gracias a la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica implantada desde agosto. De un total de 1.390 órdenes de protección solicitadas, un 23% han sido denegadas.
Según los datos aportados hoy por la presidenta de la Comisión de Seguimiento sobre la implantación de dicha medida, Montserrat Comas, en los 37 días desde que se aprobó la orden de protección, los jueces han acordado 648 medidas penales y 64 de carácter civil. Asimismo, en 362 casos fueron adoptadas ambas medidas.
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Andalucía lidera el número de solicitudes, con 237, seguida de Cataluña (231), la Comunidad de Madrid (198) y la Comunidad Valenciana (108).
Comas dio a conocer en rueda de prensa los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los 436 jueces decanos de partidos judiciales de España, y extrajo unas primeras conclusiones.
Según dijo, las cifras revelan que la ley se está aplicando con normalidad y homogeneidad en toda España; que esta nueva herramienta "está dando sus frutos"; y que se está logrando resolver situaciones de urgencia "con la mayor celeridad".
Entre las medidas de carácter penal adoptadas se encuentra la orden de alejamiento del agresor, mientras que entre las de carácter civil destacan la asignación del domicilio familiar a la víctima, las medidas referidas a los hijos y la fijación de una pensión alimenticia.
PUNTA DEL ICEBERG
No obstante, reconoció que el número de resoluciones actual no es más que "la punta del iceberg" y que "aún es pronto" para saber el efecto disuasorio de la medida. Lo que sí recalcó es que la cantidad de medidas adoptadas ha puesto de manifiesto "la imperiosa necesidad" de esta orden de protección.
Sobre el porcentaje de solicitudes no acordadas (un 23%), Comas lo atribuyó "al filtro de garantía" de que los jueces han velado por el derecho de los justiciables. Comas estuvo acompañada por el director general de Modernización del Ministerio de Justicia, Alberto Dorrego, quien se refirió a la creación del Registro Central para la protección de las víctimas. Según dijo, este instrumento para el conocimiento del historial del agresor estará operativo una vez se tramite el real decreto que regulará el tratamiento de la información recibida de los órganos judiciales.
Este registro, explicó, complementará la orden de protección, al igual que los juicios rápidos, ya en vigor, o la reforma del Código Penal en materia de malos tratos que el Senado tramitará este mièrcoles. Gracias a dicha reforma se transformará la falta de malos tratos en delito desde la primera agresión.
