Piden imputar en el 'caso Fabra' a altos cargos de Agricultura y Sanidad

Madrid

La Unión de Consumidores de la Comunidad valenciana ha pedido la imputación en el caso Fabra de dos altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad por posibles delitos contra la Administración Pública.

Son los directores generales de Agricultura y Sanidad, Rafael Milán y Dolores Flores respectivamente. Además, la UCE también pide la imputación de la ex directora general de Calidad ambiental de la Generalitat valenciana, Pilar Máñez, y del Subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral.

Todos ellos en calidad de imputados por posibles delitos contra la Administración pública. Los cuatro habrían influido para la autorización supuestamente irregular de fitosanitarios después de reunirse con Carlos Fabra o recibir sus llamadas.

Según el empresario denunciante Vicente Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón cobró cantidades millonarias por ello. La mujer de Fabra, María Amparo Fernández, como propietaria de la empresa de fitosanitarios Artemis 2000, que recibió algunas de las autorizaciones, también se habría beneficiado de las gestiones de su marido.

La UCE, que detalla en el relato de los hechos hasta seis tipos delictivos distintos, también quiere que declaren, pero en calidad de testigos, los ex ministros Jesús Posada y Celia Villalobos, con los que se reunió Fabra, y el ministro en funciones Juan Costa, y los diputados del PP Juan José Ortiz y Miguel Prim, que participaron en las reuniones.

Sería la juez quien decidiera su posible imputación si de las declaraciones se desprende algún delito. Además, también solicita la declaración del chófer y testaferro de Fabra y de sus guardaespaldas, además de numerosos testigos relacionados con las informaciones aparecidas en los últimos meses en los medios de comunicación. La juez decidirá la próxima semana, con toda probabilidad, si se practican estas pruebas.