Los conservadores del CGPJ critican la ley de violencia doméstica y Justicia defiende su constitucionalidad

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo que, como jurista, está "persuadido de la constitucionalidad y bondad" del proyecto del ley contra la violencia doméstica, que ayer recibió críticas desde un sector del Consejo General del Poder Judicial.

La Comisión de Estudios e Informes del CGPJ estudia hoy el informe elaborado por la vocal Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, referido al anteproyecto del Gobierno.

Comas replicó ayer a las críticas de anticonstitucionalidad lanzadas por un vocal del sector mayoritario del CGPJ, al indicar que el anteproyecto es "plenamente constitucional".

El informe que esta mañana debate la Comision de Estudios del CGPJ defiende la constitucionalidad de la ley integral aunque le pone algunos reparos. Por ejemplo, dice que la definición que hace la ley de lo que es violencia de género complica extraordinariamente su aplicación y apuesta por introducir un concepto más sencillo para que los jueces no tengan dudas.

En el Consejo hay división. El sector conservador cree que es inconstitucional porque grava las penas cuando la víctima es una mujer, sexista porque sólo protege a la mujer. Alguno ha ido más allá y califica la ley de chapucera y frívola.

El ministro de Justicia, tras reunirse ayer con el vicepresidente del Gobierno aragonés, José Angel Biel, explicó que "el Gobierno tiene que remover los obstáculos que impiden que la mujer sea real y efectivamente igual frente al hombre maltratador y agresor, frente al hombre agresivo que no cree en la igualdad de las mujeres con respecto de los hombres".

Esto, siguió el ministro en su defensa del anteproyecto, "no significa la indefensión del varón, si no que se protege de manera especial a las mujeres en un momento en que la sociedad cobra conciencia" del problema de la violencia domèstica contra las mujeres.

López Aguilar agregó que el Gobierno observará "con respeto" las consideraciones que realice el CGPJ en su informe sobre el anteproyecto, y se incorporarán al trabajo político y legislativo.

"Estamos hablando de una ley de tramitación compleja, que llevará unos meses y que, por tanto, requerirá de un poso de reflexión y una pausa, y si es posible, y lo deseamos, del mayor debate social a su alrededor", dijo.